Asmismo, demandó la renuncia “por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas a asumir funciones y competencias con respecto a las fosas comunes del franquismo”, ya que, según consideran, al tratarse de crímenes contra la humanidad deben dárseles un tratamiento judicial.

La federación también exigió el desarrollo de políticas públicas activas de memoria que vayan orientadas al reconocimiento social, la explicación histórica y la socialización de los valores de los defensores de la legalidad democrática republicana y los resistentes antifranquistas.

El último de los compromisos que pidió a los partidos políticos es el “establecimiento de marcos de interlocución y colaboración permanentes entre las instituciones y las asociaciones de víctimas, de derechos humanos y de recuperación de la memoria histórica democrática”.