Para que una empresa pueda concurrir a un proyecto de una institución pública, debe estar clasificada previamente en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda y, según una notificación de ese departamento, la empresa EYEC, tal y como informa Antena-3, no aparece clasificada.

La contratación por parte del Ejecutivo de Aragón, formado por el Partido Aragonés y el Partido Popular, fue de form directa, sin un concurso público previo.

En uno de sus consejos, el Gobierno regional aprobó con carácter excepcional no solicitar la clasificación de la empresa EYEC, pero debería haber pedido un informe previo a la Junta Consultiva, según manda el artículo 106 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El certificado expedido por esa Junta, de acuerdo con la información suministrada por Antena-3, no ha sido solicitado por órgano alguno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se trata, por lo tano, no sólo de una irregularidad administrativa, sino de un contrato anulable por no cumlir los requisitos exigidos por la ley.

Incluso, la excepcionalidad concedida por el Gobierno aragonés a la empresa EYEC debería haberse publicado en el Boletín Oficial de Aragón, al ser una decisión que no es norma habitual en el funcionamiento de los contratos administrativos.

500.000 PESETAS DE CAPITAL SOCIAL

La empresa EYEC, propiedad de los hermanos Campo Vidal, consta en el Registro Mercantil de Madrid on un capital social de tan sólo 500.000 pesetas, y de sus 500 acciones 499 son propiedad de Manuel Campo Vidal y 1 de su hermano, Luis Campo Vidal.

El Ministerio de Economía y Hacienda exige la clasificación de las empresas cono norma importantísima para evitar posibles apariciones de empresas "fantasmas" que puedan quebrar o no responder económicamente ante contratos importantes que realizan instituciones oficiales.

Según algunos expertos jurídicos consultados, ese requisito es imprescindible pra acceder a las contrataciones, ya sea mediante concurso público o directas con la Administración.

Antena-3 precisó en su información que el Gobierno de esta región ha dado una vez más muestras de nerviosismo y prisas por llevar adelante un proyecto, el de la televisión autonómica, que incumple presuntamente una Ley tan importante como la de Contrataciones del Estado.

En su opinión, de ese asunto se deriva una responsabilidad política y jurídica clara. El Partido Aragonés y el Partido Popular deidieron endeudarse en 1.100 millones de pesetas del dinero público para iniciar la construcción del edificio, a pesar de la crisis económica por la que atraviesan las instituciones. El pasado lunes 20 de abril, la DGA publicaba en el Boletín Oficial la ley por la que concedía ese crédito extraordinario.