Según informó este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en estos fondos podrán integrarse tanto planes de pensiones ya constituidos como nuevos. En ambos casos, deberá tratarse de planes de pensiones de empleo de aportación definida para la contingencia de jubilación o de planes de pensiones de empleo simplificados, recientemente creados y dirigidos al ámbito de la negociación colectiva, administraciones públicas y autónomos.

“Se trata de un paso fundamental en el desarrollo de los sistemas complementarios, tal y como establecía la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, según destacaron desde Seguridad Social.

Las cinco entidades gestoras que resultaron adjudicatarias -cada una de ellas, a cargo de los tres tipos de fondos que se han constituido- son Caser, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja, Santander y VidaCaixa.

El valor del patrimonio en el fondo público impulsado por el Gobierno será de 3.956,10 millones de euros al final de los cinco años de plazo del contrato con las gestoras. Cabe recordar que en la ley que crea el fondo se establece que cada tres años se analice la posibilidad de constituir nuevos fondos mediante la selección de gestoras.

El Ejecutivo ya aprobó en octubre del año pasado una modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones de 2004 en el que limitó a un 0,30% y 0,10% anual la comisión para gestoras y depositarias, respectivamente, si bien “excepcionalmente” podría superarse este límite repercutiendo gastos de implementación iniciales.

Los usuarios de los fondos dispondrán de mayor transparencia e información sobre los mismos con el uso de la plataforma digital común.