El estudio de Arias mantiene que el 9 por ciento de los habitantes de esta comunidad autónoma recibe agua por conducciones susceptibles de contaminación.

Asimismo, afirma que las deficiencias en los sistemas de clororación afectan al 25 por ciento de los andaluces, mientras que el 56 por ciento reside en núcleos de oblación en los que la infraestructura de depuración no funciona bien debido a problemas de mantenimiento.

El informe destaca que una las provincias de la región que presenta mayores deficiencias en el suministro de agua potable y tratamiento de las residuales es Cádiz.

Según Francisco Arias, unos 6.000 gaditanos consumen aguas consideradas como no potables y alrededor de 422.000 residen en núcleos de población que cuentan con una red de saneamiento en regular o mal estado, lo que supone un 18 po ciento del total de los andaluces afectados por este problema.

Además, estima que aproximadamente 31.000 ciudadanos consumen aguas sanitariamente permisibles y otros 6.000 carecen de red de saneamiento.

La adaptación de España a la normativa comunitaria influirá decisivamente en las políticas sobre tratamiento de aguas que desarrollan las distintas administraciones.

En el año 2000 todas las localidades con más de 15.000 habitantes deberán depurar sus aguas residuales, mientras que aquellas on menos población tienen de plazo hasta el 2005.