De este modo, Sánchez Pascuala señaló que la resolución judicial sólo se llevará a efecto cuando sea firme, es decir, “cuando haya aceptación por parte de las familias”.

Asimismo, el viceconsejero consideró que el Tribunal Constitucional “debería hacer una unificación de la doctrina" para evitar decisiones contradictorias como la que se ha dado en Castilla y León.

Finalmente, subrayó que Educación para la Ciudadanía cuenta con un currículo en Castilla y León “acorde con las normas”, aspecto negado por los padres que forman parte de las plataformas de objeción, que no consideran que se de “ni recorte ni adaptación” en la asignatura dado que sigue, entienden, “los criterios del ministerio”.