Recordó que en 2008 se aprobaron dos acuerdos, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía de copago y de reconocimiento de centros.

Ambos acuerdos fueron aprobados en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los cuales eran “necesarios” para la Ley de Autonomía Personal, “una norma básica para las personas con discapacidad”.

En este sentido, también hizo referencia a cómo el Cermi recurrió ante la Audiencia Nacional en el mes de noviembre de 2009 ambos acuerdos por considerar que el Consejo Territorial pretendía usurpar cuestiones que corresponden al Gobierno y que requieren normas reglamentarias.

Según Moral, “en el acuerdo de Consejo se vulneran principios de igualdad y de falta de proporcionalidad a la hora de establecer los requisitos económicos del beneficiario”.

Óscar Moral mostró la esperanza del Cermi de que se sustente en firme esta sentencia que el Gobierno ha recurrido en casación. Al mismo tiempo, se mostró también “satisfecho” con la sentencia, ya que ésta asegura que para la determinación de la capacidad económica de la ley, el Consejo Territorial “sólo propone, no aprueba”. “Se trata de meras orientaciones que las administraciones autonómicas tienen que desarrollar”, comentó.