“Todas son necesarias y urgentes dadas las circunstancias”, afirmó durante su defensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, emplazando a “todos los grupos políticos” a realizar un esfuerzo de “empatía” y aparcar los desacuerdos llevados a “límites irracionales” que terminan “afectando al interés general”.

Pero al final, el Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, salió adelante con 314 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones. El PSOE tuvo el apoyo del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV, frente las críticas expresadas por PDECAT, Compromís o ERC. Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Durante la defensa de un texto que algunos parlamentarios afearon por la disparidad del contenido y urgencia, expuso que la exención del IRPF se realiza para alinear la fiscalidad con prestaciones similares autonómicas y locales para colectivos vulnerables o en situación de emergencia, tales como la renta mínima de inserción.

“Muestra el firme compromiso del Gobierno contra la reducción de la pobreza”, que “progrese la justicia social” y fomentar la “igualdad de oportunidades”, expresó. A la vez que reivindicó que el propio ingreso mínimo vital es una “nueva prestación histórica”, que “da un paso de gigante en la protección o cobertura de derechos sociales” con una medida de un calado desconocido desde que en el año 2006 se creó la ley de dependencia.

La norma establece, en concreto, una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del IMV que deja a esta prestación concedida a los colectivos más vulnerables exenta del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM, esto es 9.681 euros.

Otro aspecto que incluye la normativa y recabó apoyos entre los diputados es una modificación a la ley para que España pueda integrarse “en tiempo y forma en los instrumentos que las entidades multilaterales ponen en marcha para dar respuesta a la crisis del Covid” en países desfavorecidos, y que exigen “compromisos y solidaridad con aportaciones”. La ministra explicó que la idea es que el país pueda estar en disposición de comprometer recursos “sin que suponga un mayor incremento de gastos”, pero que sirva para contribuir a reducir la pobreza en otros países.

La tercera medida insertada en el real decreto ley está dirigida a las empresas radicadas en Canarias, que ahora dispondrán de un año más para invertir los fondos de la Reserva para Inversiones (RIC) que se dotaron en 2016. Según detalló la ministra, se trata de unos incentivos fiscales con los que el Gobierno “vuelve a mostrar su sensibilidad con una comunidad autónoma que lo está pasando especialmente mal”, en la confianza de que se favorezca la inversión y “ayude a aliviar la tesorería de muchas empresas”.

EL PAGO DE 1.350 MILLONES POR EL 'CASTOR'

Ninguna de las tres recibió tachas por parte de los diputados, salvo la última medida incluida en el real decreto: la decisión de otorgar a Hacienda un crédito de 1.350 millones de euros para compensar al Santander, Caixabank y Bankia por el dinero que adelantaron a Enagás para que hiciera frente a la indemnización por el cierre del almacén de gas ‘Castor’, cuando fue clausurado en el 2014.

Los bancos aportaron los fondos a Enagás, concesionaria de la plataforma, cuando se hizo cargo de la gestión que originalmente se había adjudicado la constructora Escal, participada por ACS en época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, una sucesión de terremotos originados por la plataforma acabó con su cierre por parte el Gobierno, ahora del PP, y una sentencia del Tribunal Supremo obliga ahora al Ejecutivo a devolver el dinero adelantado por la banca.

Montero justificó la aprobación del crédito para que Hacienda pueda proceder al abono en cumplimento de la sentencia y explicó que “los intereses se van incrementando día a día si no abonamos con urgencia estas cantidades” y hay que evitar que “no sean más honerosos para las cuentas públicas”.

“¿Le parece apropiado mezclar en el real decreto el IMV con lo que ha sido una chapuza, una inmoralidad?”, le interrogó el diputado de Compromis, Joan Baldoví, explicando que el Proyecto Castor “se perpetró por el Gobierno del PSOE y el PP y acabó favoreciendo los intereses de Florentino Pérez y a bancos como el Santander, CaixaBank y Bankia”. “El Estado asumía riesgos. Si había negocios ellos cobraban, si no, a pagar todos”, le espetó.

“No vamos a ser cómplices ni por activa ni por pasiva de unos de los mayores escándalos que se ha producido en este país”, abundó el portavoz del PDECAT, Ferran Bel, afeando que “no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad ni política ni técnica” y se dará 1.350 millones “a una empresa privada que no asumió ningún riesgo”, cuando serviría mejor a empresas que están sufriendo por las restricciones por el Covid. “El PSOE y PP que causaron este desaguisado, que lo asuman”, demandó, indicando su voto negativo después de haber llevado “más de diez años denunciando” la situación.

El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, agregó que “no solo discrepamos, sino que nos parece un escándalo” que “se aprovechen medidas sociales para incluir los 1.350 millones en plena pandemia para pagar la deuda del proyecto Castor”. “Sumando intereses pueden llegar a superar, según expertos, los 4.000 millones de euros”, alertó, criticando que el propio proyecto fue “una práctica cuasi mafiosa” que provocó medio millar de terremotos, algunos de grado superior a los 4 puntos. “Y nunca ha pasado nada, ni los técnicos, ninguna responsabilidad”, agregó. “Lo que debieran hacer es recuperar el dinero, buscar responsabilidades y permitir una comisión de investigación”, emplazó.

Desde Podemos, el diputado Txema Guijarro anunció que lo apoyaban como “acatamiento institucional” de la sentencia, pero criticó el “proyecto faraónico”, “viciado de origen” por no apostar por las energías limpias y renovables. “Que ni un solo euro de dinero público vuelva a destinarse a la explotación de esas fuentes de energía”, reclamó, criticando también que el propio proyecto redunda en la tendencia de “echarse en brazos del capital español que está viviendo de la teta” del Erario “hasta el punto de parasitarlo”.

Desde Vox, Inés Cañizares, dijo que se busca “apañar errores de antaño”, cometidos con la concesión del “faraónico proyecto” en etapa de Zapatero, y que “los del PP rematan”, a los que calificó como “el dúo, donde uno hace el roto y el otro lo estira más”. “La responsabilidad del Estado significa que serán los españoles, con su esfuerzo, los que paguen la factura”, arremetió.

Desde el PP, Margarita Prohens Rigo, acusó al Gobierno de haber “metido un poco de todo” en el real decreto, afeándole llevar tres enmiendas en el IMV, que, según Intermon Oxfam podría haber “salvado de la pobreza y reducido de la pobreza severa” a 203.000 personas de estar funcionando bien. Sobre el Castor, afirmó que el problema “lo generó un Gobierno socialista en el 2008” y su informe medioambiental lo firmó la ministra de Transición Ecológica.

“¿No han podido pensar que la sentencia se hace en diciembre y se hace el real decreto para poder dar cumplimento a la sentencia (…) Aquí nos guiamos solo por el principio de legalidad y por dar cumplimiento de una sentencia”, replicó la diputada del PSOE, Montse Mínguez, reprochando al PP que el Tribunal “declaró ilegal” y denunció la ingeniería montada por su Gobierno para parar el proyecto cuyas indemnizaciones están ahora pendiente de pagar.

“Ahora hay que esperar a los pronunciamientos judiciales, que siguen abiertos y en ningún caso se ha renunciado a ninguna responsabilidad, ni el Tribunal Supremo renuncia”, concluyó, replicándole al PP y a otros diputados que se quejaron por la baja concesión del IMV que lo pueden cuestionar “porque existe”.