En concreto, el organismo apunta la existencia de alternativas “menos gravosas” y que permiten conseguir la finalidad perseguida como “la obligación de conservar la documentación para el control expost de la Administración o la de exhibir distintivos e identificaciones en los vehículos para su control”.

Su observación la realiza en un informe publicado este jueves acerca del proyecto de real decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y que ha contado con el voto particular de tres consejeros del organismo.

El citado real decreto fue aprobado en el año 2017 y contenía dos medidas para regular los VTC: la prohibición de transmitir las autorizaciones de este tipo de vehículos durante dos años, y la obligación de comunicación a la Administración de ciertos datos de los usuarios de forma previa al inicio del servicio, para su integración en un registro nacional.

La CNMC emitió un informe sobre el borrador de la norma advirtiendo sobre ciertas restricciones a la competencia, y posteriormente, el Tribunal Supremo declaró nulos algunos artículos de la regulación en el año 2020 sobre un recurso previamente presentado por el organismo de Competencia.

El nuevo mecanismo propuesto para controlar que las VTC solo presten servicios previamente contratados consiste en la obligación de comunicar a un registro específico antes de cada viaje la identidad del intermediario (plataforma) y de los usuarios que sean personas jurídicas.

Y es aquí donde la CNMC lanza la doble advertencia de que puede resultar gravoso para los proveedores de VTC y ahuyentar clientes, apostando por alternativas como las propuestas por el Supremo en su sentencia, como dicho control expost del servicio.

El nuevo informe lo ha emitido a solicitud del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en ejercicio de las competencias consultivas que tiene la CNMC.