Gallardón y Catalá se refirieron a esta cuestión en un coloquio sobre 'El nuevo proceso penal' organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Juan Carlos Campo, también participó en el debate.

En este encuentro se trató sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de noviembre. La charla, que fue retransmitida en directo por YouTube, iba a contar también con la participación del ex ministro socialista de Justicia Francisco Caamaño, quien finalmente no pudo asistir debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.

En este coloquio, Campo y sus antecesores del PP recordaron que Gallardón ya elaboró un anteproyecto de reforma de la Lecrim, que fue heredado por Catalá, y en el cual se contemplaba la figura del fiscal instructor que se ha retomado ahora con el anteproyecto de nueva Lecrim.

“MENSAJE” A LA SOCIEDAD

En este sentido, Gallardón se refirió a que apoya “incondicionalmente” la figura del fiscal instructor, pero consideró necesario mejorar la forma en la que se elige al fiscal general. Sostuvo que debe lanzarse a la sociedad el mensaje de que “no existe ni la más mínima posibilidad” de que el Gobierno, al ser quien elige al fiscal general, ejerce alguna “interferencia política” en la investigación de las causas penales.

Este exministro defendió que se daría un “respaldo formidable” a la reforma de la Lecrim si se hiciera una reforma paralela que no conlleva modificar la Constitución, como es que el fiscal general deba contar para su nombramiento con la aprobación expresa del CGPJ y del Congreso. Actualmente estas instituciones sólo opinan respecto a la propuesta que hace el Gobierno para nombrar al máximo responsable del Ministerio Público.

En la misma línea, Catalá se refirió a que la figura del fiscal instructor es un “cambio estratégico” y “muy importante” para España. Por este motivo, defendió que el nombramiento del fiscal general debería incorporar “algunos requisitos e incompatibilidades”, como que este puesto no pudiera ocuparlo “quien ha desempeñado funciones políticas”, en clara referencia a la actual titular de este cargo y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Al mismo tiempo, Catalá defendió que la reforma de la Lecrim que impulsa el actual Gobierno debe contar “necesariamente” con el acuerdo de PSOE y PP, puesto que son los dos partidos llamados a ocupar las máximas responsabilidades en la gobernabilidad de España.

Por su parte, Campo coincidió con los exministros del PP en que el consenso en esta reforma es “fundamental” y que la nueva Lecrim “no puede ser una ley del PSOE”, sino que “debe ser una ley de todos”. Señaló que el anteproyecto de Lecrim presentado por su departamento es una “primer palabra” en esta reforma, pero que la misma debe ser el fruto de un “trabajo colectivo”.