La investigación se abre como consecuencia de las denuncias presentadas por Unidas Podemos y el PSOE. Hasta ahora, el escándalo le ha costado el cargo al consejero de Salud, Manuel Villegas, y son centenares los responsables públicos salpicados. En concreto, el escrito presentado por los socialistas pide que se investigue la vacunación de Villegas y de 400 trabajadores de la consejería.

Según la estrategia aprobada por el Ministerio de Sanidad, durante la primera fase de la vacunación se debe inmunizar a mayores en residencias de ancianos, el personal que los atiende, el personal sanitario de primera línea y personal sociosanitario, así como los grandes dependientes.

La denuncia de los socialista explicaba que la Consejería de Salud “se han saltado arbitrariamente, de una manera injusta y grosera” lo establecido en el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad y por la propia Consejería de Salud del Gobierno Regional.

Los socialistas defienden que se trata de "trato de favor con el personal no asistencial de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud", ya que "se crea una situación de privilegio con estos trabajadores, altos cargos y el propio consejero que quizá no puede pasar desapercibido para la justicia".

Pide que se depuren responsabilidades, porque entienden que "se tuvo que dar orden clara y directa de que se suministrara la vacuna al personal no asistencial de la consejería, lo que podría conllevar la posible comisión de un delito de prevaricación o un delito de malversación de caudales públicos al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella según los protocolos establecidos". La actuación podría constituir un delito de prevaricación.