El Gobierno destinó el año pasado algo más de 60.000 millones de pesetas para atender a las pensiones concedidas y contará con 20.000 millones de pesetas para la gestión de 1993.

El Insero y las comunidades autónomas recibieron en los dos años de vigencia de la ley que creó esta modalidad de subsidio 437.000 solicitudes, de las que un 80 por ciento (346.000) ya han sido resuletas.

Maravall indicó que el 55 por ciento de las 346.000 solicitudes tramitadas fueron denegadas, "en la mayoría de las ocasiones porque el candidato no alcanzaban el grado de invalidez exigido por la ley o superaban los ingresos máximos permitidos para poder optar por una de estas pensiones".

Unos 45.000 miusválidos que percibían una pensión de las establecidas en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) optaron por acogerse a las no contributivas, "aunque nosotros esperábamos que fueran muchos más, al tratarse de pensiones más altas".

Las comunidades autónomas que han gestionado un mayor número de estos subsidios fueron Madrid, con 40.000 expedientes, y Asturias, con 22.000). Por el contrario, el País Vasco, Navarra y Cataluña son las que gestionan menos pensiones.

Para este año, l cuantía de la pensión es de 31.500 pesetas, cifra que no podrá ser aumentada por encima del resto de los subsidios, "porque desincentivaríamos la búsqueda de empleo y fomentaríamos la economía sumergida", aseguró Maravall.