La iniciativa, rubricada por la portavoz del grupo parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría, pretende reforzar la independencia y profesionalidad de los organismos reguladores, de manera que los consejeros sean nombrados por mayoría absoluta del Congreso. Por su parte, los presidentes necesitarían una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara.

Asimismo, la proposición de Ley pide la supresión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. El Grupo Popular considera que en este ámbito las funciones, que deben limitarse a las de carácter técnico regulador, las debe ejercer el Comité Audiovisual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

También se establece la preeminencia de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los organismos sectoriales, por su carácter horizontal sobre la actividad económica.

La exposición de motivos de la iniciativa considera que el origen gubernamental de los nombramientos de los organismos reguladores no les permite independizar adecuadamente su labor estrictamente supervisora de las funciones reguladoras propugnadas por el Ejecutivo, es decir, que el principio de independencia queda desvirtuado, impidiendo a estas instituciones actuar con la neutralidad y la transparencia exigibles.

A juicio del Grupo Popular, la reforma contenida en la Ley de Economía Sostenible "no consiguió garantizar la independencia de estos organismos reguladores, ya que el nombramiento de sus miembros sigue dependiendo del Gobierno". "Fue, por ello, una ocasión perdida", asevera el PP.

La proposición de ley incluye que los presidentes de todos los organismos reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia se reunirán con periodicidad al menos anual para, entre otros asuntos, analizar la evolución de los mercados en sus respectivos sectores y compartir información que permita unas tomas de decisiones más eficaces en el ámbito de sus respectivas competencias.

El PP señala finalmente, en una disposición transitoria de su iniciativa, que a partir de la entrada en vigor de la ley "todos los miembros de órganos reguladores que no hayan sido nombrados por el procedimiento" previsto en la misma "cesan de su cargo y quedarán en funciones hasta los nuevos nombramientos".

Agrega que "los trámites de nombramiento de los presidentes y consejeros de los órganos reguladores deberán estar completados en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la presente ley".