Sus pretensiones son la reducción de los órganos directivos y de personal de confianza, el rescate de “Madrid Calle 30” para municipalizar su gestión y ahorrar 167 millones de euros, de los arrendamientos de edificios y otras construcciones con lo que se produciría un ahorro de 40 millones y de los gastos de publicidad que se han disparado, representando 237 millones de euros en el periodo 2007-2011.

Asimismo, persigue la reducción de los 103 millones de gasto en seguridad privada, municipalizando algunos de los servicios, el ahorro de 40 millones en estudios y trabajos técnicos que se encargan al exterior, entre otras medidas.

Lissavetzky dijo que “vamos a adaptar los tributos al Índice de Precios al Consumo (IPC) y, respecto al IBI, afirmó que se establecerán bonificaciones sociales para atender las circunstancias específicas de familias con especiales dificultades”.

Lissavetzky dijo que para elaborar dicho programa se ha partido de tres premisas: “una organización desmesurada del actual ayuntamiento, una inversión megalómana sin estudios de viabilidad y sin contemplar la cofinanciación con otros organismos y entidades y un incumplimiento pertinaz de todos los planes de ahorro y saneamiento” a los que el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón se comprometió.

“Las excusas a las que recurre Gallardón cuando se le habla de estas premisas son, por un lado, hablar de la crisis financiera mundial y, por otro, comparar a Madrid con el Gobierno central o con comunidades autónomas que evidentemente no tienen parangón con un Ayuntamiento que pertenece a la Administración local y que, por consecuencia, tienen ámbitos de actuación y financiaciones muy diferentes”, indicó.

Tras señalar que el presupuesto del Gobierno central es 64 veces superior al Ayuntamiento de Madrid, como lo es 7 veces superior el de Cataluña, comparó los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia que partían de una deuda similar en 2003.

Destacó que el gobernado por Gallardón sufrió “un incremento brutal ya que ha pasado de 1.440 millones de euros en 2003 a 6.453 millones en 2010, mientras que Barcelona partía en las mismas fechas de 1.245 millones y en 2010 ha tenido 1.202”.

En el caso de Valencia, que partía de 640 millones, en estos años subió a 890 millones de euros, dijo el candidato socialista, quien consideró que el problema no es solo de deuda “sino que además hay un déficit tremendo. Gallardón siempre ha gastado más de lo que ha ingresado y desde el primer año ha estado endeudándose porque es un pésimo gestor”.

A su juicio, la “herencia de Gallardón son 6.453 millones de euros ya que ha multiplicado la deuda por cinco, lo que supone el 46,3% de todas las capitales de provincia, y sobrepasa en 37 puntos el límite legal establecido en el 110% de los ingresos, es decir que de cada 5 euros que ingresa gasta 6”

Dijo que para poder solucionar la situación de “despilfarro y endeudamiento crítico de Gallardón, hay que apostar por una bajada de la presión fiscal con la eliminación de la tasa de basuras y una reducción del gasto corriente sin que afecte al gasto social”.