ICV insta al Ejecutivo a "apoyar durante la negociación laboral a los sindicatos y trabajadores" de Telefónica España para "evitar que se produzcan despidos" y a "no admitir en ningún caso" que se reduzca la plantilla mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Buenaventura entiende que los "beneficios récord" de la empresa demuestran su "total viabilidad" con los puestos de trabajo actuales y reclama que se lleven a cabo las medidas oportuna para que los despidos en empresas con benficios "no sean cubiertos parcialmente con fondos públicos con el pago de ocho días por trabajador y año por el Fogasa".

Además, ICV reivindica apoyar la negociación laboral para evitar que los "incrementos salariales se desvinculen del IPC" y emprender las modificaciones legales necesarias para lograr mayor grado de transparencia al sistema de remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y los altos ejecutivos de las empresas.

Pretenden de ese modo "limitar la retribución variable o 'bonus' ligando las retribuciones variables también a objetivos ambientales y sociales y condicionar estos pagos al mantenimiento de los puestos de empleo".

El pasado 14 de abril, durante la convención de inversores que celebró Telefónica España en Londres, la compañía anunció la posibilidad de entre 5.000 y 6.400 despidos, un 20% del total de su plantilla, a ejecutar en tres años.

ICV recuerda que la plantilla ya se redujo en 13.800 puestos entre 2003 y 2007. Ahora se abrirá una negociación con los sindicatos que abordará también temas salariales, con la negociación del convenio que puede desligarse del IPC y externalizaciones.

Recuerda igualmente, que en febrero se conoció que la operadora ganó 10.167 millones de euros en 2010, el mayor beneficio reportado por una empresa española, con un incremento del 30,8% respecto a 2009.

Cerca de 1.900 dirigentes recibirían un máximo de 450 millones de euros en tres ciclos que comenzarían a ejecutarse el próximo 1 de julio, con la entrega de las acciones que correspondan a partir del 1 de julio de 2014.

Esta política empresarial de despidos masivos "injustificados", dice ICV, supondrá un incremento del gasto público inadmisible.

En primer lugar, el personal de Telefónica afectado pasará a recibir la prestación por desempleo. En segundo lugar, el Fogasa pagará ocho días de indemnización por año trabajado a cada una de las personas despedidas.

Además, denuncia Buenaventura, estas decisiones empresariales perjudican gravemente al sistema de pensiones, puesto que trabajadores plenamente capacitados para realizar su trabajo se verán abocados a acogerse a una prejubilación, pasando a ser perceptores cuando perfectamente podrían seguir siendo cotizantes.