"Se considera sustracción internacional de menores cuando un progenitor se traslada o retiene ilícitamente a los hijos en otro país distinto al de la residencia habitual de los menores, sin el consentimiento ni autorización del otro progenitor y, sin autorización judicial, vulnerando de esta forma el derecho de custodia o de visitas del otro progenitor", recalcó la SCAF en un comunicado.

Dentro del ámbito europeo, cada Estado tiene una autoridad ventral, encargada de coordinar los procesos de restitución internacional. En España, existen trabas que hacen que estos procesos se alarguen durante meses, hasta el punto que puede llegar a causar el archivo, según la entidad.

Una de las dificultades más habituales, según la SCAF, se encuentra en "el desbordamiento de la autoridad central y en algunas prácticas disfuncionales como la negación a asumir la defensa cuando han pasado ya muchos meses desde la petición con el riesgo de que el progenitor que denuncia vea perdido el derecho ya que cuenta solo con un año para la petición judicial".

"La sustracción de menores es un hecho que va en aumento año tras año, debido a la existencia cada vez mayor de parejas de diferentes nacionalidades y al aumento de la movilidad familiar", concluyó.