Así consta en la memoria anual 2010 de esta institución y cuya titular en funciones, María Luisa Cava de Llano, entregó hoy al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

En la memoria, la defensoría señala que la regulación de la doble instancia penal en todos los procedimientos es un asunto que es “objeto de seguimiento también por las instancias internacionales de protección de los derechos humanos”.

La doble instancia penal no es el único aspecto pendiente de reformar a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la institución que dirige Cava de Llano.

Así, recuerda que fue a finales de 2008 cuando el Defensor del Pueblo incoó una investigación de oficio para conocer si en el programa de iniciativas legislativas del Ministerio de Justicia estaba previsto incluir una que terminase con la “insuficiente y obsoleta” Ley Orgánica de Protección a testigos y peritos en causas criminales.

“Dado que uno de los proyectos puestos en marcha por el Ministerio de Justicia se refiere a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resultaba posible efectuar una regulación más completa de la protección a testigos y peritos en nuestro ordenamiento” y el Defensor del Pueblo cerró la investigación.

No obstante, pidió al Ministerio de Justicia que le mantuviese informado, especialmente en lo relativo a una regulación más completa de la protección a testigos y peritos. Ante la ausencia de noticias, la defensoría decidió reabrir la investigación de oficio en julio de 2010.

“En la fecha de elaborar este informe, se continúa a la espera de recibir la pertinente contestación”, denuncia el Defensor del Pueblo.

OBJETIVO INALCANZADO

La institución que dirige en funciones María Luisa Cava de Llano sostiene que “la justicia ágil y eficaz que quiso la Constitución, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos que se han sucedido en la democracia, sigue siendo un objetivo inalcanzado”.

Además, añade que le preocupa “singularmente” la escasez de medios tanto personales como materiales en la Administración de Justicia: “Un eterno problema por todos reconocido pero de lenta solución”.

El Defensor del Pueblo hace hincapié en la memoria en la necesidad de aumentar los medios personales y materiales en la Administración de Justicia, pues “indudablemente la falta de recursos revierte negativamente en una eficaz protección de los derechos de los ciudadanos”.