Según informó este miércoles el Ejecutivo comunitario, el nuevo régimen establecido por la Ley de Economía Sostenible es "una medida de la que cabe congratularse", puesto que limita la facultad de las entidades adjudicadoras para modificar los contratos públicos tras su adjudicación y permite disipar así la inquietud que había dado lugar a la incoación del procedimiento de infracción.

No obstante, la Comisión someterá el nuevo régimen a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de comprobar su compatibilidad con las directivas de contratación pública de la UE y con la jurisprudencia en materia de modificación de contratos públicos y obras complementarias.