Los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal han adoptado esta decisión al desestimar la petición de la Fiscalía. El acuerdo ha contado con el voto particular discrepante de José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados que compone el tribunal.

De haber accedido a la petición de la Fiscalía, la causa abierta por el chivatazo que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) hubiese quedado reducida a un delito de revelación de secretos.

Por lo tanto, la investigación ya no hubiese correspondido a la Audiencia Nacional, la causa tendría que remitirse a los juzgados ordinarios de Irún y los imputados sólo se enfrentarían a una condena máxima de tres años de cárcel.

“No parece descartada la calificación provisional de los hechos como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista”, señala la resolución antes de añadir que “no es necesario comulgar con los objetivos” de ETA para incurrir en este delito.