En declaraciones a Servimedia, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, se mostró de acuerdo con la petición de Conde-Pumpido, aunque apuntó que los "cambios bruscos de opinión" de la Fiscalía General del Estado son "incomprensibles y desconcertantes".

Gallardo se refirió así al hecho de que la Fiscalía no demandara, en ocasiones anteriores, la ilegalización y expulsión de ANV de los consistorios, por entender que en ese momento no existían pruebas suficientes para impugnar las candidaturas.

A su juicio, se trata de cambios de opinión y de postura que cada vez son más "inexplicables y desconcertantes" para la ciudadanía y que revelan la falta en la Fiscalía de una "línea firme, continua y permanente" sobre esta cuestión.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, manifestó que Conde-Pumpido está haciendo ahora lo que probablemente debería haber hecho con anterioridad.

Según explicó, la APM ya criticó en su día la "incoherencia e inconsistencia" de la actuación "extraordinariamente contradictoria" de la Fiscalía.

García adujo que el hecho de que la Fiscalía General del Estado no pidiera anteriormente la expulsión de ANV de los ayuntamientos responde a la "atmósfera y coyuntura política" del momento, que influyó en su actuación.

Por este motivo, exigió que la Fiscalía actúe de forma independiente, "sometida estrictamente al principio de legalidad", y no en función de coyunturas políticas o de las necesidades del Gobierno en cada momento.

Por su parte, el portavoz de Jueces Para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, señaló que la petición de Conde-Pumpido tiene una "lógica constante". A su juicio, el resultado de las declaraciones judiciales debe plasmarse en la realidad, y por lo tanto "no tiene sentido que por la vía personal se mantengan las situaciones jurídicas que la propia ley ha declarado ilegales".

No obstante, Gimeno recalcó que la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para la expulsión de ANV de los consistorios "no es una cosa sencilla". Asimismo, indicó que los miembros de ANV, aunque ostenten sus cargos en los ayuntamientos a título personal, "actúan como un colectivo".

Por último, el portavoz de la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, no quiso entrar a valorar la actuación del fiscal general del Estado, aunque considera que adoptar esta medida "no sólo es oportuno, sino necesario en estos momentos para la garantía de los derechos de los ciudadanos en este país".