Tribunales

El juez García Castellón suspende las declaraciones del 'caso Púnica' previstas para la próxima semana

- El instructor tenía previsto comenzar una ronda de interrogatorios a 57 personas hasta finales de febrero

MADRID
SERVIMEDIA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido suspender las declaraciones que tenía previstas para la semana próxima dentro de la investigación de varias piezas del 'Caso Púnica'. El magistrado iba a dar un impulso a la investigación del 'caso Púnica' en 2021 y para ello ha programado la declaración de un total de 57 personas entre imputados, testigos y peritos entre los días 18 de enero y 22 de febrero. Entre los citados hay antiguos altos cargos del PP, exalcaldes, exconcejales, empresarios y un exparlamentario regional, investigados en esta causa.

La suspensión afecta a las declaraciones programadas a partir del lunes próximo y afecta al exalcalde de Valdemoro Juan Carlos Boza, el exviceconsejero de Medio Ambiente y vicesecretario de Organización Territorial del PP de Madrid Miguel Ángel Valdepeñas y la directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Teresa Alonso-Matagranzas, que comparecían en calidad de investigados.

En la lista de citados en esta ronda de declaraciones están los exalcaldes del PP Ana Kringe (Denia), Juan Antonio Bataller (Castellón), Juan Carlos Boza (Valdemoro) y Narciso de Foxá (Majadahonda), y el exdiputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto, que declararán dentro de la instrucción de la pieza número 10 de las 12 en las que está dividido el `caso Púnica´, cuya investigación deberá estar concluida en julio de 2021.

En total, el juez tenía previsto interrogar en poco más de un mes a 24 imputados, 31 testigos y dos peritos que tendrán que responder por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar trabajos de mejora de la imagen en Internet de cargos públicos del PP en varios ayuntamientos y consejerías de los gobiernos de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El juez también tomará declaración a Álvaro de Arenzana, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) entre 2005 y 2011. Se trata de un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejería de Economía que fue presuntamente el vehículo para desviar fondos públicos para la 'caja b' del PP de Madrid que se usaron en el pago de campañas electorales de Esperanza Aguirre.

Miguel Ángel Valdepeñas también está llamado a declarar. Él fue viceconsejero de Medio Ambiente y deberá responder por los contratos del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) con Waiter Music, para organizar actos con cargos a la contabilidad irregular del PP.

Igualmente está citado el empresario David Marjaliza, que colabora con la justicia en esa causa. Él y el también empresario José Luis Capita eran socios en la mercantil Vancouver, principal accionista de la constructora Obrum, implicada en el cobro de comisiones y su desvío para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

También están citados Claudio José Reig, jefe de gabinete de la exalcaldesa de Denia, y la directora de comunicación del ayuntamiento de Alcobendas, María Teresa Alonso-Majagranzas.

(SERVIMEDIA)
17 Ene 2021
SGR/ecr