El propósito del acuerdo es “asegurar que las condiciones laborales" de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Autonomía y Dependencia (SAAD) "son adecuadas e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes”, según informó el departamento que dirige Pablo Iglesias.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales incluye un incremento de la financiación del sistema de Dependencia por parte del Gobierno de, al menos, 600 millones de euros para este año 2021, y que ya vienen recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Esto implica, entre otras cuestiones, una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado, además de establecer objetivos prioritarios de mejora del SAAD para los próximos años, entre los que destacan reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes.

El plan también pretende introducir “mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad”.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales se ha comprometido a que la mesa de Diálogo Social pacte propuestas para la revisión del acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, que se remitirán para su consideración al Consejo Territorial.

“Esta revisión incluirá mejoras que refuercen la calidad de los servicios, las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos, así como la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estándares de calidad, incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo”, señaló la Vicepresidencia segunda.

El acuerdo alcanzado contempla, asimismo, que a lo largo del 2021 se regulará la figura profesional del asistente personal, así como que a finales de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tengan acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un “derecho subjetivo” ligado a la condición de dependencia.