El portavoz de Justicia del PSOE y abeza de lista por Huelva, Javier Barrero, explicó en una nota de prensa esta propuesta, junto a otras iniciativas en esta materia, con el fin de lograr una administración "más rápida, más eficiente y, sobre todo, más cercana al ciudadano".

Reducir a dos años el plazo máximo para que los ciudadanos obtengan sentencia firme, incorporar un total de 1.000 nuevos jueces y fiscales a la carrera judicial y crear juzgados de proximidad para resolver con celeridad asuntos menores de índole penal o civil son oras de las apuestas del PSOE:

Barrero aboga por una justicia al servicio de los ciudadanos, para lo que se compromete a reducir al máximo los asuntos pendientes en los juzgados, y a que los ciudadanos tengan acceso a toda información judicial que les afecte a través de Internet y puedan elegir libremente al abogado de oficio.

INDEPENDENCIA DEL GOBIERNO

Asimismo, propone limitar el mandato del fiscal general del Estado a cinco años no renovables, con el fin de garantizar su imparcialidad, y que u nombramiento sea sometido a un examen parlamentario previo.

Además, deberá presentar anualmente un informe de su actividad en el Congreso y no podrá intervenir o tomar decisiones en materias que afecten al Gobierno que lo ha nombrado.

También quiere propiciar el máximo nivel de autonomía de la Fiscalía Anticorrupción respecto al fiscal general del Estado, y reformar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, que serán propuestos por el Consejo General de la Abogacía, el Conejo de Universidades e instituciones similares.

"Acabaremos con el autoritarismo y con la intromisión que ha hecho el Gobierno del PP en esta institución, al considerarla un instrumento de poder y utilizarla sólo a su servicio, a su uso y abuso. Acabaremos con la impunidad para los poderosos y dureza con los débiles que tanto practica el PP", garantizó.

Por otro lado, anuncia que reformará la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para proteger los derechos de las víctimas, y para que se pueda apicar la ejecución de las medidas privativas de libertad con todas las garantías.