El líder de IU, Gaspar Llamazares, presenta hoy en Valencia estas medidas incluidas en su programa electoral, que apuesta también por garantizar la plena independencia del fiscal Anticorrupción y aprobar un cóigo ético del cargo público con el fin de regenerar la vida política española.

La primera de las cinco iniciativas en las que articula su propuesta contra la corrupción es una agencia pública como órgano que ejerza funciones de control y, en su caso, sanción de las posibles incompatibilidades en que incurran los cargos públicos.

Se trataría de un registro único de carácter público y abierto a los ciudadanos que recoja las declaraciones de bienes, intereses y patrimoniales de todos los cargos públcos sin excepción, así como las declaraciones de renta y patrimonio durante el mandato y los cuatro años siguientes.

La Agencia de Transparencia, constituida por personas elegidas por mayoría cualificada de tres quintos por el Congreso de los Diputados por un plazo de seis años, una representación del Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía Anticorrupción, actuaría de oficio o a instancia de parte.

La política contra la corrupción ideada por la coalición que lidera Llamazares pasa tabién por un poder judicial independiente que actúe "sin ninguna interferencia del poder político y con plenos poderes para investigar sobre los casos en los que aparezcan involucrados altos representantes de la administración".

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Además, plantea elaborar un Código Ético que fije las obligaciones y responsabilidades de los cargos públicos y su régimen de incompatibilidades, que para IU deben extenderse al ejercicio de cargos de alta responsabilidad política o administrativa concualquier actividad privada que pueda afectar a su ámbito de decisiones.

IU defiende también que la imputación judicial de un cargo político implique de manera automática la separación de su cargo hasta que se resuelva el contencioso, de modo que el inicio de un proceso implique inmediatamente responsabilidades políticas.

Por otro lado, aboga por crear una Comisión de Investigación sobre los procesos de privatizaciones a fin de que los ciudadanos conozcan qué ha ocurrido con el patrimonio colectio que se ha ido vendiendo en los últimos ocho años, como y quien tomó las decisiones, cuál fue la justificación económica y cómo han evolucionado esas empresas priovatizadas.

Por último, IU reclama una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, pues el mejor modo de "evitar la coincidencia y complicidad de intereses entre el sector privado y la política es la de asegurar que los partidos con representación parlamentaria reciben una adecuada financiación pública, pero sólo pública".

La coaliión de izquierdas quiere prohibir las donaciones privadas a los partidos, para asegurar la independencia de éstos respecto a cualquier interés económico, la plena transparencia de las cuentas de los formaciones políticas y la igualdad de oportunidades para todas las organizaciones.