La resolución judicial establece que los etarras cometieron un delito de detención ilegal, con las circunstancias agravantes de ensañamiento, alevosía y disfraz.

Se rata de los etarras Jesús María Uribecheberría Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren y José Miguel Gaztelu Ochandorena, los mismos que fueron condenados a 32 años de prisión por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

La sentencia considera probado que los cuatro miembros de ETA decidieron en 1987 construir un "zulo" lo suficientemente seguro para guardar todas las armas que poseían, para lo que alquilaron una nave en Mondragón (Guipúzcoa) y constitueron la sociedad "Jalgi", formalmente con el objetivo de fabricar piezas de repuesto.

Luego, siguiendo instrucciones cursadas desde Francia, en el verano de 1988 excavaron en la nave un agujero de cinco metros cuadrados para esconder armas y explosivos destinados a los "comandos" de ETA que actuaban en esa provincia.

Más tarde, recibieron órdenes directas del etarra Julián Achurra Egurola, alias "Pototo", quien les ordenó insonorizar el agujero y prepararlo para ocultar personas secuestradas por a banda terrorista.

Dos de los procesados controlaron entonces los movimientos del empresario Angel Iglesias, pero apreciaron dificultadas en el posible secuestro de éste, por lo que eligieron a su sobrino Julio Iglesias Zamora, director de un departamento de la empresa Ikusi.

Siguieron al empresario y el 5 de julio de 1993 le atraparon cuando llegaba a su domicili y le trasladaron al "zulo" previamente acondicionado. Para ello, drogaron a Iglesias Zamora, a quien desnudaron, vistieron con un chádal y abandonaron en el agujero.

Los cuatro procesados introdujeron al secuestrado en un habitáculo de 1,80 metros de altura, por 1,80 de largo y 1,50 de ancho. El espacio estaba ocupado por un mesa plegable, una silla de camping, un colchón de gomaespuma y dos bidones para sus necesidades fisiológicas.

"EGIN"

El secuestro duró 116 días, hasta que los captores recibieron "a través del diario 'Egin', por parte de la dirección de ETA militar que se había encargado de negociar el rescate, la contrseña preestablecida para proceder a la liberación", dice la sentencia.

Además asegura que "las circunstancias personales de la víctima evidendencian que la motivación del secuestro fue económica, aunque no se haya podido determinar el monto total de lo abonado".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impone además a Jesús María Uribetxcheberría Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren y José Miguel Gaztelu Ochandorena, la obligación de abonar una indemnización de 5 millnes de pesetas a Iglesias Zamora.