El equipo Jurídico de VOX, que dirige Marta Castro, alega ante el TS que los indultos a los condenados del `procés´ supondrían que el Gobierno envía la sociedad el mensaje de “la más absoluta impunidad de los delitos cometidos contra el orden constitucional”.

Según defiende Vox, los condenados por sedición y malversación no cumplen las condiciones establecidas por ley para acceder al indulto, y advierte: “No se debe consentir que el Gobierno, por intereses partidistas, electoralistas o ideológicos pretenda utilizar este medio para blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político, sino como una vulneración de la legalidad”.

La formación dirigida por Santiago Abascal destaca que la pena impuesta no es desproporcionada y que los condenados no han manifestado en ningún momento intención de compensar “las consecuencias lesivas de sus acciones” ni han restituido los caudales malversados en la celebración del referéndum del 1-O.

Insiste Castro en sus alegaciones en que ninguno de los condenados “manifestó, antes, durante o posteriormente, ni siquiera de forma indirecta la aceptación y reconocimiento de culpabilidad”. Por el contrario, “siempre que han tenido ocasión, manifestaron su voluntad de repetir los actos si tuvieran ocasión”.

También destaca Vox al Tribunal Supremo que los condenados “corrompieron las funciones que los propios ciudadanos les habían encomendado, abusando de las mismas para sus fines ilícitos”.

Finalmente, Vox concluye que “cuando la motivación de la aplicación de la medida descansa en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen, se incurre en arbitrariedad y abuso de poder, que en todo caso se encuentra vedado por nuestro ordenamiento jurídico, artículo 9, 10 y 103 de la Constitución, así como por los principios inspiradores de nuestro derecho y de interpretación del texto legal del indulto”.