Lo hizo por boca de su diputado Rafael Merino en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Merino dijo que el fraude de los ERE es "la mayor trama de corrupción de toda la historia de España", al cuantificarla en 600 millones de euros, no en 50, como acababa de hacer el vicepresidente tercero y entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Alegando que Chaves "se ha instalado en no contestar" y "se dedica a repartir la basura" de su etapa como presidente andaluz entre los miembros del Gobierno, Merino inquirió a Caamaño si "entiende que la colaboración de las administraciones con la Justicia ha de ser efectiva".

Ignorando el preámbulo, Caamaño se atuvo estrictamente a la pregunta para asegurar que las administraciones colaboran con la Justicia "de acuerdo con lo dispuesto en las leyes". No obstante, añadió que los populares, "más que colaborar, enredan".

Ante esa respuesta, Merino acusó al ministro de convertirse en "cómplice político de la trama", cuya magnitud cree que ha obligado a la Fiscalía Anticorrupción a investigar en contra de su voluntad. Además, dijo que los datos avalan la financiación ilegal del PSOE y que la jueza ha lamentado la "pasividad" de la Junta a la hora de esclarecer el asunto.

Por el contrario, en opinión de Caamaño ha sido la Junta quien ha emprendido la investigación y empezado a devolver las cantidades irregularmente percibidas, por lo que sentenció que la intervención de Merino era "la mejor prueba" de que los populares "sólo quieren enredar y confundir".

En una pregunta posterior, la diputada socialista Carmen Juanes ensalzó las inversiones del Gobierno en Justicia y su fomento de la modernización tecnológica de la misma, pese a las críticas del PP.

Caamaño desgranó "tres iniciativas fundamentales" como la primera ley horizontal de justicia, que supone un cambio "cualitativo" en la misma para el uso de las nuevas tecnologías; el proyecto de ley de agilización procesal para suprimir trámites innecesarios y los tribunales de instancia como complemento de la Oficina Judicial.