Para el Cermi, resulta "imprescindible" esta consideración, ya que las personas con discapacidad, desde los aspectos de prevención, detección precoz, hasta el tratamiento y atención sanitaria, son usuarios del sistema de salud que "han de obtener un trato atendiendo a su situación en cada caso y según su tipo y grado de discapacidad".

En relación al respeto de la privacidad, plantea que "se proteja de forma especial la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad"; al mismo tiempo que, a través de la promulgación de normas éticas para la atención de la salud, pide que se preste una atención de la misma calidad que a las demás personas.

Asimismo, el Cermi hace alusión a cómo el derecho a la información deber ser "plenamente" accesible para las personas con discapacidad. En este sentido, se centra en torno a los seguros de salud, con el objetivo de que la ley proteja a este grupo frente a las compañías aseguradoras y evitar así situaciones discriminatorias.

Por otra parte, considera que se debe dar una "prioridad" a la lucha contra las enfermedades raras, mediante la regulación de las ayudas, prestaciones y servicios que resulten más adecuados; su prevención y detección precoz, así como el apoyo a las personas que las presenten y sus familias.

Según establece la convención, el Cermi pide que se tenga en cuenta la prevención de las enfermedades, discapacidades y lesiones, así como la detección precoz, para reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades; al mismo tiempo que apuesta por la promoción de la salud de las personas con discapacidad, incluida la de la salud sexual y reproductiva.

Además, la plataforma de la discapacidad propone la implantación de un "auténtico" modelo de atención socio-sanitaria, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que garantice la continuidad de la atención y los cuidados que necesiten las personas en situación de dependencia y con discapacidad, con el objetivo de "transformar el actual modelo de competencias fragmentadas en un modelo de responsabilidad compartida, centrado en las necesidades del usuario".

Otra de las propuestas que plantea el Cermi es que el Gobierno proceda "de inmediato", en el plazo de seis meses, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y el propio Comité, a la aprobación de una nueva cartera de servicios de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.