La Junta andaluza sostiene su convencimiento de que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución ofrecen márgenes suficientes para que Andalucía mantenga su capacidad de gestión sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por su territorio.

En este sentido, recuerda que el acuerdo del TC ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad exclusivamente del artículo 51 y ha desestimado la parte dirigida contra los artículos 43, 50.1a y 50.2.

De esta forma, la Junta entiende que en el marco del articulado que ya no tiene "ninguna tacha" de inconstitucionalidad será posible que las consecuencias prácticas de la declaración de constitucionalidad del 51 sean "inapreciables" para la vida de los andaluces.