El texto fue aprobado en el marco de la Comisión de Ciencia e Innovación de la Cámara baja, que tenía competencia legislativa plena para remitir la norma directamente al Senado.

Contó con el apoyo de todos los grupos, salvo con el de IU-ICV. Aunque carece de representación en esta Comisión, rechazó el texto por considerar que “empeora la carrera investigadora”.

El Ejecutivo dio luz verde al proyecto de ley en mayo de 2010 y, en octubre de ese año, el Pleno de la Cámara Baja rechazaba una enmienda a la totalidad presentada por UPyD. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sustituirá a la anterior normativa, de 1986.

Con el texto propuesto inicialmente, el Gobierno buscaba modernizar el sistema de investigación español, crear una carrera científica “estable y predecible”, reformar el sistema de I+D+i, eliminar las “barreras” a la movilidad de los investigadores, reducir la burocratización y retener y atraer talento científico.

El texto, al que se presentaron más de 450 enmiendas parciales, incorpora también a la innovación y prevé la creación de una Agencia Estatal de Financiación de la Investigación. Además, recoge la sustitución de becas por contratos y crea el Comité Español de Ética de la Investigación.

Al término de su intervención, la portavoz socialista en la Comisión de Ciencia, Juana Serna, expresó su “entrañable agradecimiento a todos los portavoces”, por el “esfuerzo” realizado para llegar a un acuerdo en torno a la Ley de la Ciencia.

Durante el debate del texto, el portavoz “popular” en la Comisión de Ciencia, Gabriel Elorriaga, puso de manifiesto la existencia de ciertas “dificultades”. Así, criticó que el texto no avanzaba “lo suficiente” para acabar con la precariedad de los becarios en la investigación, y lamentó que aún había “un conjunto de temas pendientes a la espera de una última aproximación”, en relación a la situación de los contratados mediante el programa Ramón y Cajal y la falta de plazos concretos para la creación de la Agencia de Financiación.

Una de estas diferencias quedó resuelta con la aprobación de una enmienda del PP sobre la citada agencia. Según explicó Serna al término de la Comisión, “era razonable aceptarla” para que, “a partir del día que se publique la ley, en un año el Gobierno tenga dispuesta la agencia”.

En relación a los contratos Ramón y Cajal, los grupos acordaron permitir que la doble evaluación a la que han sido sometidos “les sirva para cuando quieran acceder al Sistema Español de Ciencia y Tecnología”.

Finalmente, Serna explicó que el acuerdo obligará a todos los organismos que tengan ayudas del sector público a “contratar, y no dar becas”, para acabar con la precarización de los becarios.

Otra de las enmiendas aprobadas, presentada por CiU, reconoce que “el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación es diverso y plural”, y que “en él se contienen sistemas autonómicos que consagran modelos que igualmente han contribuido al desarrollo de la investigación y la innovación”.

IU “SE DESENGANCHA”

Sólo IU-ICV hizo “una valoración muy negativa” del proyecto de ley. Según explicó el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, “el texto es negativo porque empeora la carrera investigadora”.

“No nos responsabilizamos del texto. Los investigadores estaban mal, y ahora estarán peor. Nos desenganchamos de la ley”, concluyó Llamazares.

“Creo que la ley inicia un excelente camino, porque todos los grupos hemos estado de acuerdo. Siento que no se hayan incorporado Rosa Díez ni Gaspar Llamazares, pero se ha aprobado casi por unanimidad”, añadió Serna.

Según indicó la diputada socialista, Llamazares pidió una votación de la norma en Pleno pero, al hacerlo fuera de plazo, la Mesa decidió que el texto tendría que votarse en Comisión.