La Sala del 61, la sala especial encargada del proceso y encabezada por el propio presidente del Alto Tribunal, Carlos Dívar, celebrará la vista pública el lunes a partir de las 10.30 de la mañana, según informaron fuentes del Supremo.

El primer trámite que se realizará en la vista será decidir si se admiten o no las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas pruebas se encuentra la declaración como testigos ante los magistrados de la Sala del 61 de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que han elaborado los informes contra Sortu, unos documentos que han servido de base para las demandas presentadas por el Ministerio Público y la Abogacía del Estado.

El Supremo ha decidido citar a los agentes que elaboraron los informes para que se personen en el tribunal el próximo lunes ante la posibilidad de que su declaración sea admitida como prueba. También cabe la posibilidad de que se rechace su declaración y los agentes se marchen del Alto Tribunal sin prestar declaración.

La vista pública se celebrará a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía. El nuevo partido, por su parte, se opuso a la celebración de la vista al considerar este trámite "innecesario" y al sostener que los agentes autores de los informes no pueden tener la consideración de peritos.

CIEN PRUEBAS DOCUMENTALES

Los 16 magistrados también decidirán si se incorporan a la causa las pruebas documentales solicitadas por las partes. Sortu pidió la incorporación de un total de 100 documentos, entre los que se encuentran elementos tan variopintos como la ponencia “Mugarri” de octubre de 2009, varios autos y sentencias de la Audiencia Nacional, artículos y entrevistas periodísticas, blogs o notas de prensa de Sortu.

La Sala del 61 ha decidido también recabar las nuevas pruebas solicitadas por el nuevo partido en su escrito de alegaciones y ha cursado oficios a la Audiencia Nacional, a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional e incluso al director de la cárcel de Aranjuez (Madrid), requiriéndoles copia de resoluciones e informes.

Aun así, los magistrados no decidirán si incorporan estas nuevas pruebas hasta que se celebre la vista del próximo lunes.

ACCESO DEL PÚBLICO

La vista que celebrará la Sala del 61 el próximo lunes será pública, es decir, a ella podrá acudir, además de los medios de comunicación, cualquier particular que así lo desee.

Después de decidir sobre las pruebas propuestas, los magistrados escucharán los argumentos que expondrán la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de Sortu.

Tras la celebración de la vista, los 16 magistrados de la Sala del 61 del Alto Tribunal estarán en disposición de deliberar para decidir si permiten o no que Sortu se inscriba en el Registro de Partidos y pueda concurrir a las elecciones del 22 de mayo. El Alto Tribunal no tiene plazos fijados para adoptar esta decisión, pero se han habilitado todos los fines de semanas de marzo para agilizar el proceso.

El Ministerio Público y el Gobierno a través de la Abogacía del Estado aseguran que el partido es continuación de Batasuna, que su rechazo a la violencia es meramente ornamental y que está al servicio de ETA.

El nuevo partido, en cambio, asegura en sus alegaciones que su legalización “acelerará” la desaparición de ETA y traerá “el fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado”, porque supondrá “la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes practican la violencia puedan continuar su actividad”.

“Los estatutos de Sortu fomentan el proceso de desaparición de la cultura política de la violencia en la sociedad vasca” y son “un instrumento extremadamente eficaz para poner término” al terrorismo de ETA, sostiene la formación en el escrito de alegaciones presentado contra las demandas interpuestas por Fiscalía y Abogacía del Estado.

La decisión que adopte el Supremo podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.