Los 16 jueces que componen la Sala del 61, encabezados por el propio presidente del Supremo, Carlos Dívar, comenzaron la reunión a las 10.00 horas, según informaron a Servimedia fuentes del Alto Tribunal.

La primera diligencia que deberán realizar los magistrados es comprobar si el escrito presentado de alegaciones presentados ayer por Sortu cumple con los requisitos legales exigidos, algo que se da casi por sentado, y dar traslado del mismo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.

Según señalaron fuentes del Supremo, lo más probable es que, acto seguido, los magistrados de la Sala del 61 estudien si convocan una vista pública en la que se practicarán las pruebas propuestas por las partes –incluidas declaraciones de testigos- y en la que Sortu, Fiscalía y Abogacía del Estado podrán exponer sus argumentos ante el tribunal.

La Fiscalía y a la Abogacía solicitaron al Tribunal Supremo la celebración de una vista para que puedan testificar en ella, ante los magistrados de la Sala del 61, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que han elaborado los informes contra Sortu. El nuevo partido, por su parte, se opuso a la celebración de la vista al considerar este trámite “innecesario”.

Las fuentes del Alto Tribunal consultadas señalaron que es posible que los magistrados no adopten ninguna decisión hoy y vuelvan a reunirse en los próximos días.

FIN DE LA VIOLENCIA

Los magistrados del Alto Tribunal ordenaron la suspensión cautelar de la inscripción de Sortu en el Registro al admitir a trámite las demandas presentadas en su contra, en las que el Ministerio Público y el Gobierno a través de la Abogacía del Estado aseguran que el partido es continuación de Batasuna, que su rechazo a la violencia es meramente ornamental y que está al servicio de ETA.

El nuevo partido, en cambio, asegura en sus alegaciones que su legalización “acelerará” la desaparición de ETA y traerá “el fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado”, porque supondrá “la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes practican la violencia puedan continuar su actividad”.

“Los estatutos de Sortu fomentan el proceso de desaparición de la cultura política de la violencia en la sociedad vasca” y son “un instrumento extremadamente eficaz para poner término” al terrorismo de ETA, sostiene la formación en el escrito de alegaciones presentado contra las demandas interpuestas por Fiscalía y Abogacía del Estado.