Así lo ha afirmado el fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista telefónica mantenida desde Holanda con varios medios de comunicación internacionales, entre ellos Servimedia.

Moreno señaló que su equipo, formado por 12 personas, entre ellas la fiscal española Dolores Delgado, de la Audiencia Nacional, investiga presuntos crímenes de lesa humanidad, que se atribuyen a fuerzas gubernamentales, por "ataques a civiles desarmados" desde el pasado 15 de febrero, día en que comenzaron las revueltas sociales de manifestantes que pedían la caída de Gadafi.

El fiscal del TPI aclaró que el trabajo queda delimitado hasta el 28 de febrero, al entender que la situación en Libia derivó en "un conflicto armado", lo que sería objeto de otra investigación por crímenes de guerra, que pueden ser cometidos "por diferentes partes", es decir, también los rebeldes.

En este sentido, Moreno Ocampo no descartó iniciar una segunda investigación por crímenes de guerra, pero sería en "una segunda etapa", porque en el conflicto "aparecen grupos armados en diferentes lugares".

Moreno explicó que el próximo 4 de mayo llevará un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que dos semanas después podría presentar un caso contra Gadafi ante el TPI.

"A partir de ese momento, cuando yo presente el caso, a finales de mayo, hay que calcular que en dos o tres meses la Corte (Penal Internacional) va a resolver si tiene evidencias suficientes para el caso que presente, si se hace una eventual orden de arresto", indicó Moreno, lo que supone que la orden de búsqueda y captura internacional podría ocurrir entre julio y agosto.

El fiscal añadió que si la orden de arresto es efectiva, serán necesarios "cinco o seis meses de confirmación de los cargos y luego lo llevamos a juicio".

"PRESIDENTE FUGITIVO"

En este caso, Moreno recurrió al caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, el primer jefe de Estado sobre el que recayó una orden de arresto internacional dictada por el TPI (el 4 de marzo de 2009). Desde entonces, agregó, Bashir es "un presidente fugitivo, que tiene muchas restricciones para operar fuera de su Estado".

"Se puede aprender de lo que pasó con el presidente Bashir", indicó el fiscal del TPI, para quien el hecho de que los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU votaran por unanimidad que La Haya investigue presuntos crímenes y violaciones de los derechos humanos "puede facilitar la implementación de la orden de arresto".

No obstante, Moreno Ocampo rehusó dar nombres de las personas sobre las que podría presentar cargos, si bien subrayó que ha avisado a "Gadafi y personas de su círculo íntimo, y algunos comandantes de fuerzas de seguridad", de que "hay ciertas acusaciones" de que sus fuerzas estaban cometiendo crímenes, con el fin de que "intentasen controlar" a sus personas a cargo.

"Por ahora no tenemos ninguna persona sospechosa que presentar ante los jueces. Estamos todavía en el proceso de presentar evidencias", apostilló.

Moreno Ocampo recalcó que "por ahora" su equipo no piensa acudir a Trípoli, capital de Libia, porque "es muy difícil proteger a testigos" en este país.

"Estamos en una investigación sobre gente que se fue de Libia y no tiene familia en Libia o fotos, pero no testimonios en Libia. Por ahora no se puede hacer, no lo debemos hacer. Hasta que esté seguro de que la persona acusada no puede cometer crímenes en Libia, no puedo exponer la vida de ninguna persona en Libia", explicó.

Por último, Moreno destacó que la "novedad positiva" de esta investigación en Libia es que "el mundo reacciona rápidamente cuando se cometen crímenes de esa magnitud contra ciudadanos de cualquier parte del mundo".

"Dos días después del 15 de febrero, el Consejo de Seguridad (de la ONU) resolvía y enviaba el caso ante la Corte. Eso es la velocidad del rayo. En el caso de Darfur (Sudán), tardaron dos años en discutir eso, no había tribunal para juzgarlo", concluyó.