Campo se refirió a esta cuestión en una entrevista con RAC1 recogida por Servimedia, en la que el ministro fue preguntado por qué debe hacer el Ejecutivo para normalizar la situación en Cataluña tras el 'procés' y cómo pueden ayudar decisiones como eventuales indultos o el trabajo en la llamada 'mesa de diálogo'.

A este respecto, el titular de Justicia defendió que “dentro del ordenamiento jurídico y dentro del marco de legalidad" hay que hacer "todo aquello que nos lleve a la reconciliación, al reencuentro y a la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”.

Señaló al respecto que confía en que la 'mesa de diálogo' entre el Gobierno central y la Generalitat sea “un instrumento político dentro del marco de legalidad y que conduzca a la reconciliación, el reencuentro y la convivencia”.

“PLAZOS RAZONABLES”

En este sentido, sobre las peticiones de indulto para los condenados del 'procés', el ministro apuntó que pueden ser “una pieza más que puede ayudar o no” a la normalización, en referencia a que hay que esperar a la tramitación de los expedientes y ver qué es lo que propone finalmente Justicia al Consejo de Ministros.

En todo caso, indicó que el Ejecutivo tenía la “obligación legal” de tramitar estas peticiones del derecho de gracia, que dijo llevan ya tres meses gestionándose y están a la espera del informe del Tribunal Supremo y de otras partes, mientras que la Fiscalía ya se ha pronunciado y posicionado en contra de eximir a los dirigentes del 'procéss' de sus condenas.

Campo añadió que las solicitudes de indulto serán estudiadas “de manera individual” y con sus distintas “peculiaridades”. Sobre cuándo elevará Justicia sus propuestas al Consejo de Ministros, dijo que será “sin duda” en 2021, pero que es “supercomplicado” que sea antes de las próximas elecciones catalanas, que están previstas para el próximo 14 de febrero. Respecto a si pueden resolverse los indultos en los seis primeros meses del próximo año, respondió que éstos sí parecen “unos plazos razonables”, aunque no se puede responder con seguridad.

En cuanto a la reforma del delito de sedición para acompasarlo a la normativa de otros países europeos, el ministro indicó que es un anteproyecto que “no está en absoluto estancado” y que se dará a conocer cuanto el texto normativo esté “consolidado” y el presidente del Gobierno decida que es momento de presentarlo.