Según el director de Plena inclusión, Enrique Galván, el aumento de las transferencias a las comunidades autónomas recogido en dicho capítulo "debe traducirse en la elevación de los precios que las diferentes administraciones abonan a las entidades".

Para lograrlo, la confederación solicitó al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia (que reúne al Ministerio de Derechos Sociales y a las Comunidades Autónomas) alcanzar un acuerdo que facilite un incremento en la financiación a los servicios que prestan sus 935 entidades.

Galván reclamó que este aumento en los Presupuestos "permita un inmediato alivio de la situación de precariedad que viven las 935 entidades a las que agrupa" Plena inclusión que, a su juicio, "empieza a dar signos de insostenibilidad económica por falta de financiación".

Según sus estimaciones, sus asociaciones han asumido un sobrecoste del 30% a causa de la pandemia, derivado sobre todo de gastos de personal (+53%) y del desembolso en servicios generales e inversiones para la transformación de espacios.

Otros factores como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revisión de precios mínimos y un aumento previsible en la demanda de servicios hacen que muchas organizaciones teman "graves dificultades financieras de cara a 2021", alertó.