La demanda la formuló durante su comparecencia ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados, donde reclamó precisamente una mayor intervención de la Cámara Baja en el nombramiento de los máximos responsables de todos organismos supervisores y pidió un mandato superior para sus cúpulas, incluída la del Banco de España, en aras de garantizar la máxima independencia operativa.

A su juicio, y una vez solventada la “importante carencia detectada en el sistema supervisor financiero español” con la creación de una autoridad nacional macroprudencial (Amcesfi), es “el momento de iniciar una reflexión de fondo del modelo supervisor financiero vigente” para adecuarlo a “las mejores prácticas internacionales y a los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad”.

Según argumentó, se trata de un análisis “relevante” porque dicha estructura “puede condicionar la eficiencia y la eficacia” en los objetivos perseguidos y para resolver “conflictos de intereses que existen entre las distintas áreas sujetas a la supervisión”, abogando de forma expresa por el modelo ‘twin peaks’ que ya han adoptado otros países.

Conforme a la tesis de Hernández de Cos, que el Banco de España aglutinase la solvencia de las entidades bancarias, de seguros y valores, y la CNMV se ocupase de la vigilancia de la conducta de todo tipo de intermediarios y protección de inversores y clientes representaría “un esquema institucional óptimo para gestionar los posibles conflictos entre ambas responsabilidades”.

Además, sostiene que este sistema de supervisor separado por tareas y no por sectores como ocurre ahora (el Banco de España supervisa la banca, la CNMV a las firmas de inversión y la Dirección General de Seguros al mundo asegurador) ayudaría a “mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad supervisora”, cuando se tiende a crear grandes conglomerados financieros, y podrían aprovecharse “evidentes sinergias en la supervisión conjunta”.

QUE EL FROB CAIGA BAJO EL BANCO DE ESPAÑA

En su modelo, la autoridad macroprudencial Amcesfi sería la encargada de garantizar “la necesaria estrecha coordinación” entre organismo y el Banco de España y englobaría además las funciones de resolución de las entidades actualmente ejercidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), como ocurre en otros países.

Para completar y ensamblar bien esta reorganización cree que debería ir acompañado del “correspondiente ajuste en los esquemas de gobernanza de las instituciones que ven modificadas sus funciones”.

Durante su intervención, Hernández de Cos ha efectuado una defensa férrea de la autonomía e independencia de los organismos supervisores en pro del interés general y permeando a todas sus facetas (independencia legal, institucional, funcional, operativa, profesional, etc), asegurando que la calidad de las instituciones es “un elemento indispensable para el desarrollo y el crecimiento económicos” y dicha calidad resulta superior cuando ejercen con total autonomía frente a los Gobiernos.

Para lograr dicha independencia ha juzgado crucial que se acompañe de las necesarias garantías sobre competencia profesional e integridad personal de los miembros de los organismos, “especialmente de los máximos responsables, así como de los controles y la rendición de cuentas por parte del organismo independiente”.

A su juicio, “debe actuarse sobre los procedimientos de selección, nombramiento y cese” de las personas en los puestos de dirección y de gobierno del órgano, “sobre la transparencia de las actuaciones y resultados, y sobre la gobernanza de la propia institución”.

Para reforzar dicha independencia en todos los organismos supervisores, Hernández de Cos ha realizado una batería de demandas tomando de base el propio Banco de España, cuya operativa ya independiente considera que “puede constituir un buen punto de referencia en el eventual rediseño de otros supervisores económicos de nuestro país que, en algunos casos, cuentan con menos dosis de autonomía”.

CONTROL PARLAMENTARIO Y MAYOR MANDATO

De forma específica ha abogado por imponer un intenso ejercicio de “transparencia institucional y de rendición de cuentas” y ha apostado por “otorgar una mayor relevancia al Parlamento” en el nombramiento de sus máximos responsables, a través de comparecencias en sede parlamentaria previas a la designación o con la confirmación de la idoneidad y suficiencia técnica y profesional de los candidatos propuestos.

“La participación del Parlamento en el proceso de nombramiento redundaría, en mi opinión, en una mayor percepción pública de independencia y legitimidad de los responsables, y repercutiría positivamente en el prestigio de la institución, la confianza que transmite a los ciudadanos y el buen desempeño de sus funciones”, ha explicado.

Su aplicación en el Banco de España sería importar, a la postre, mecanismos que ya existen en el Parlamento Europeo para el BCE y vigentes para bancos centrales de países como Finlandia, Eslovaquia, Letonia y Lituania o Estados Unidos, ha señalado. En Reino Unido, indicó, hay, incluso, un proceso previo de preselección de candidatos y el llamado Comisionado de Nombramientos Públicos revisa la designación de todos los altos cargos de organismos similares.

Para Hernández de Cos también “sería deseable buscar cierta unificación de procedimientos en los nombramientos de los responsables de los distintos organismos independientes en España” y fijar una duración en sus mandatos “superior al ciclo electoral”. En el caso específico del Banco de España ha recordado que el mandato para gobernador y subgobernador es de seis años no prorrogable, abogando por subirlo a 8 años como ocurre en el BCE o el Banco de Inglaterra, sin posibilidad de reelección, e introducir la misma fórmula para los miembros no natos, que sí son reelegibles por un segundo mandato.