La entidad indica en un comunicado que la nueva ley da respuesta a una demanda antigua y permanente de todo el sector de la economía social, al que pertenece el movimiento social de la discapacidad, "para que esta modalidad de empresas tuvieran el reconocimiento legal de su identidad, de modo que puedan ampliarse y extenderse los emprendimientos económicos de iniciativa social".

Para el Cermi, "la nueva ley es también positiva en el sentido en que incluye tanto al tejido asociativo que despliega actividad económica, como a las empresas de iniciativa social de inclusión de trabajadores con discapacidad (centros especiales de empleo), como familias integrantes de la economía social en España".

Así, continúa el comité, la actividad económica desarrollada desde el sector asociativo de la discapacidad, en forma de empresas comprometidas con la comunidad, al formar parte del reconocimiento legal de la economía social, "cobra con esta ley plena carta de naturaleza jurídica e institucional, con lo que se ofrece seguridad, estabilidad y un marco de apoyos para avanzar en estos emprendimientos".