La redacción de la norma comprende “términos como ‘padecimiento grave, crónico e imposibilitante’, que a su juicio “generan un paralelismo muy peligroso con las situaciones que viven muchas personas con grandes necesidades de apoyo”.

Según el presidente de esta organización, Santiago López, esta formulación puede agravar “el estigma social de considerar que la vida (de estas personas) no es igual de digna o que no merece ser vivida”.

“Este efecto no deseado de la Ley de Eutanasia puede generar un posible perfil de descarte sistemático que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia”, advirtió López.

Además, alertó, la ley no prevé salvaguardas y garantías suficientes para proteger la vida en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo y su toma de decisiones, ni para rectificar en su caso las declaraciones de últimas voluntades. De hecho, “establece un certificado médico como el único elemento necesario para ejecutar una acción de irreparables consecuencias, que precisa de intervención judicial para la protección de las personas y sus derechos”.

De ahí que el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down) “corra un mayor riesgo de desprotección”, consideró, “por sus especiales características y por la incomprensión social y ausencia de un sistema de apoyos lo suficientemente intenso”.

Por ello, se unió al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para demandar “una inmediata modificación de la Ley que elimine toda discriminación por discapacidad”.