El tribunal, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, acuerda suspender la vigencia y aplicación de “lo dispuesto en los preceptos impugnados en lo que se refiere a los pasajeros provenientes de otro Estado y de modo además que se garantice que en todo caso no se aplicará lo dispuesto en el apartado cuarto en aquello que sea más restrictivo o limitativo que lo dispuesto en el apartado 6 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2”, desde el día 15 de diciembre, fecha de la interposición del conflicto.

Asimismo, se da traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Comunidad de Canarias para que presente las alegaciones que considere convenientes.

El Tribunal también ordena que se comunique la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de España alega que se ha podido vulnerar la competencia del Estado en materia de sanidad exterior establecida en el artículo 149.1.16 de la Constitución.