En este foro informativo organizado telemáticamente por Nueva Economía Fórum, González Pons avisó así de que “habrá también condicionalidad política” para obtener el dinero de los fondos europeos de reconstrucción para paliar los estragos causados por la pandemia del coronavirus.

“El Estado de Derecho opera también para España y no sólo para Polonia y Hungría”, advirtió, haciendo hincapié en la necesidad de cumplir con los requisitos “de la división de poderes”. Por ello, previno sobre los efectos de toda reforma “desacertada, a destiempo e inconstitucional” que promuevan desde el PSOE y Unidas Podemos sobre el Poder Judicial.

González Pons se congratuló de que el Parlamento Europeo diese ayer luz verde a unos fondos que son “extraordinarios” para afrontar el daño causado por el Covid-19. En todo caso, quiso aclarar que el proceso no ha terminado aunque en España seamos “muy dados a celebrar los éxitos que conseguimos en Bruselas desde la víspera de haberlos conseguido”.

“Vamos dando por aprobado el fondo de recuperación desde julio” y desde entonces “ha pasado por distintos abismos y más de una vez ha estado a punto de caerse por uno de ellos”, recalcó González Pons, recordando que aún “queda que el Parlamento polaco y el húngaro aprueben el plan”.

Dicho esto, consideró que la actuación de Polonia y Hungría “ha desviado la atención sobre lo que el mecanismo del Estado de Derecho significa”, esto es, que “los europeos tenemos un mercado pero que ese mercado está indisolublemente asociado a la democracia, a la libertad, a la división de poderes y a los derechos fundamentales”.

“Somos la UE”, prosiguió González Pons, porque “antes de compartir mercado, compartimos principios y valores”. “Y aquel país que no respete los principios y valores del Estado de Derecho no puede beneficiarse del mercado común”, incidió nuevamente sobre esa “obligación” que tienen los socios comunitarios para recibir estos fondos de recuperación.

González Pons recordó que es la Comisión la que va a emitir deuda europea avalada por el presupuesto europeo y que “ese dinero se va a dar a los Estados miembros”, sin que esa deuda esté avalada por los presupuestos nacionales. “Este es uno de los principales problemas que el plan de recuperación presenta para el futuro”, estimó.

Lo dijo porque es la Comisión Europea la que se endeuda con cargo a recursos propios que tendrá en el futuro y “están muy por definir”, mientras los Estados miembros reciben ese “chorro de dinero” no para la ejecución de programas europeos sino para nacionales. “Los mercados internacionales van a recibir la deuda emitida por la Comisión Europea como si fuera jamón de jabugo” cuando están acostumbrados a comer “chuleta seca”.

Por eso, valoró que los mercados internacionales “no van a querer devolver esa deuda” y van a querer pedir más, mientras que los Estados miembros también pedirán más dinero. “El gran riesgo”, según González Pons, es que “nos encontremos en un momento de deconstrucción europea” para financiar a los países del club.

Avisó, asimismo, de que “a España le van a decir que para aplicar su plan de reparto de fondos va a tener que afrontar tal reforma y cumplir con tales objetivos económicos macro”. “Tenemos que intentar que nuestras políticas económicas de alguna manera converjan”, agregó.

Eso sí, opinó que los fondos “no van a ser suficientes” para cientos de miles de familias españolas que están pasando una situación “muy mala” por la crisis del coronavirus y que “ni van a participar en la revolución digital ni en la transición ecológica”. Por lo tanto, para ellos puede que los fondos no tengan “ninguna respuesta”, apuntó, y debería dársela el Gobierno español.

Para González Pons, en el reparto de los fondos “van a faltar ideas y va a sobrar dinero” porque ese es el “principal problema” de España. “Somos especialistas en no ser capaces de hacer programas que se paguen con los fondos europeos; nuestro nivel de ejecución es de los más bajos de Europa y hace prever que del total de los fondos no se vaya a gastar previsiblemente más del 40%”, auguró.

Como colofón, y teniendo en cuenta que el control de los fondos es nacional y el Parlamento Europeo “no tiene capacidad de control”, proclamó que “la gran tarea de la oposición española en los próximos meses es controlar cómo el Gobierno va a gestionar los 140.000 millones de euros” que recibirá el país.