Con el título ‘Buscar salida’, la investigación fue presentada este miércoles de forma virtual y, aunque se centra en los casos atendidos por el SJM en Melilla, sus conclusiones pueden ser aplicables a Ceuta, Canarias y “otros puntos donde se opta por estabular a la población migrante” que entra de forma irregular, según la entidad.

Para Josep Boades, coordinador del área Frontera Sur del SJM, “la estabulación de migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta, Melilla y Canarias para impedirles llegar al espacio europeo continental es un modo de decirles ‘miren, se lo vamos a poner difícil’. “Visto de lejos puede parecer razonable; visto de cerca, nos parte el alma”.

Su impresión es que la Unión Europea presiona a España para que “endurezca más” su política migratoria y consideró que el nuevo pacto europeo en este terreno “empeorará” las cosas.

Cree lo mismo David Melián, abogado del equipo frontera sur del SJM, que hace solo dos días trató con un hombre que pretendía suicidarse. “Hemos detectado varios casos de personas en una situación psicológica límite, totalmente desesperadas, que manifestaban que su intención era quitarse la vida”. “Hace dos días fue el último”, declaró, “pero conocemos varios”.

En general, se trata de personas que “arrastran mucho sufrimiento y experiencias traumáticas”, tanto en sus países de origen como a causa de la dureza del viaje hasta llegar a Melilla y que una vez en la ciudad “se ven bloqueados durante meses e incluso años”, destacó Melián. “Este es un nuevo obstáculo con el que no contaban”, y todo “esto va produciendo un deterioro en su estado de ánimo”.

Su compañera y también abogada María Vieyra subrayó que ya son 7 sentencias de tribunales españoles las que reconocen el derecho de los solicitantes de asilo a moverse libremente por el territorio nacional y a fijar su residencia, siempre que demuestren documentalmente que su petición ha sido admitida a trámite. Por ello, “exigimos a Interior que cumpla los fallos judiciales” y permita el traslado de migrantes a la Península.

NIÑOS Y FAMILIAS

Por otro lado, Vieira denunció la situación de los menores no acompañados que, una vez cumplen 18 años y salen del sistema de protección de Melilla, “se ven prácticamente obligados a vivir en la calle”. “Algunos reciben autorización de residencia y otros no”, explicó, pero el mayor problema tiene que ver con la tardanza en la entrega de documentos.

Melián agregó que se han dado casos de jóvenes malienses que, al salir del centro de menores, fueron trasladados al CETI para su devolución. “Iniciamos un acompañamiento jurídico con algunos de ellos y esta situación cesó”.

Otro problema que afecta de forma especial a los menores migrantes tiene que ver con la separación de familias que entran por separado. Según Vieira, “la reagrupación se retrasa varias semanas, incluso meses, por un exceso de celo administrativo”.

Afirmó que “un pasaporte extranjero debería ser suficiente para acreditar el parentesco, salvo que existan evidencias de falsificación”. También solicitó que se conceda “la guardia temporal a los familiares de menores “mientras se acredita el vínculo”, y exigió “celeridad en las pruebas de ADN”. A su juicio, “esto no obedece a una falta de voluntad de los funcionarios, sino a la ausencia de protocolos claros y ágiles”.

El informe insiste asimismo en las dificultades para pedir asilo o protección internacional en la ciudad. La ley establece que estas solicitudes deben presentarse en el puesto fronterizo pero “los ciudadanos con aspecto subsahariano tienen prácticamente imposible acceder a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en Beni Ensar”, denunció Melián.