El documento fue presentado telemáticamente en la tarde de este martes, según señalaron a Servimedia fuentes de las organizaciones demandantes, y se fundamenta en la falta de acción climática del Gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París.

Este tratado internacional, el primero con carácter universal de lucha contra el cambio climático y que el pasado sábado cumplió cinco años, fija como objetivo que los países hagan esfuerzos para limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2ºC por encima de los niveles preindustriales, para lo cual todos los Estados se comprometen a presentar contribuciones para que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo “lo antes posible”.

La demanda contencioso-administrativa se dirige al Tribunal Supremo, competente en los recursos contra el Gobierno español, y aporta argumentos jurídicos y científicos que obliguen al Estado a ser más ambicioso en la lucha contra el cambio climático.

Las organizaciones abogan por una reducción de un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática (esto es, que las emisiones expulsadas en la atmósfera sean compensadas con lo que absorben sumideros como bosques y humedales) en 2040.

Más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de toda España se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas y ya han recabado el apoyo de más de 24.000 personas.

La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone un 23%.

En concreto, el texto, al que tuvo acceso Servimedia, indica que se presenta ante el Supremo por "inactividad climática del Gobierno de la nación" al no establecer objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones contaminantes para garantizar "los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras".

"La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia", indicó Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.

INFORMES PERICIALES

Los 187 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de éste, e incluyen dos informes periciales.

Uno de esos informes versa sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país.

El segundo informe pericial, realizado por Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid, se centra en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, pues la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla ni con la protección efectiva de los poderes públicos.

Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Según los demandantes, un modelo energético basado en los combustibles fósiles contamina gravemente el aire, lo cual, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año.

Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.

España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones, el Gobierno está obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas.

“Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán emitir ni una partícula de carbono para su desarrollo ni para llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana”, subrayó Ruiz-Huerta.

PRECEDENTES INTERNACIONALES

La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Supremo emplazó a las entidades a que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que este martes por la tarde presentaron a través de la plataforma telemática LexNet.

Ese proceso judicial se suma a la lista de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos, pues desde mediados de la década de 2010 se han iniciado más de 150 casos contra diferentes gobiernos. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas climáticas.

El caso más notorio es el de Países Bajos, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno neerlandés a contribuir con su "parte mínima justa" a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático -con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados- y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

"Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que ‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora", concluyó Ruiz-Huerta.