Así lo anunció en rueda de prensa en la Cámara Baja el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. “Muchos miembros del Gobierno de manera equivocada han dicho que no se pueden mezclar cuestiones personales con institucionales. Bien, la posibilidad de que el anterior rey hubiera incurrido en casos de corrupción no es una cuestión personal”, sentenció.

A su juicio, esto tiene que ver con la opacidad y “la imposibilidad de transparencia y control a la Jefatura del Estado”. “No es una cuestión personal, no lo hace (Juan Carlos I) porque tenga afición posiblemente al dinero saudí, sino porque puede”, denunció Errejón.

Se revolvió así contra la “opacidad y la impunidad” que hace que una institución como la Corona “no sea controlable”. “Ya la registramos en septiembre para que no hubiera dudas en lo fundamental de cuándo un rey es inviolable”, rememoró, y opinó que este asunto debiera preocupar tanto a republicanos como monárquicos “porque habla de la calidad de nuestro Estado de Derecho”.

Recordó que tras presentar esta ley sobre la responsabilidad de la Corona, “se tumbó por si acaso, preventivamente”. A este respecto, aseveró que la Mesa del Congreso “no tiene entre sus funciones decidir si una iniciativa es constitucional o no, y no puede decidir antes de que se apruebe” si lo es o no lo es.

“Tiene que tramitarla”, defendió, “o estaría vulnerando nuestro derecho a la participación política”, sostuvo Errejón, admitiendo que “en todo caso el Tribunal Constitucional lo podría revisar después” pero incidiendo en el mensaje de que la Mesa de la Cámara “no puede meterse en las funciones que son del Constitucional”.

Así las cosas, el líder de Más País avisó de que esta proposición de ley se presentará “todas las veces que haga falta” y explicitó que en este caso se presenta un escrito a la Mesa con “toda la jurisprudencia que nos respalda”.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, recalcó que “hay que clarificar perfectamente” qué supone la inviolabilidad del monarca y que “sólo puede afectar a aquellos actos que el rey haga en función de aquellas obligaciones que le confiere la Constitución” y “no en aspectos absolutamente privados y presuntamente delictivos”.

“Nosotros debemos tener el derecho, como representantes legítimos de una parte del pueblo, a intentar que se discutan nuestras leyes, se aprueben o no”, subrayó Baldoví.