Esta norma, que incorpora la última legislación comunitaria, estará previsiblemente en vigor en torno al verano próximo, una vez que culmine la andadura administrativa y parlamentaria del anteproyecto de ley, que este lunes arrancó con el inicio de la consulta pública del borrador, según explicaron fuentes del Ejecutivo.

La nueva ley, que se enmarca en la agenda España Digital 2025 que ha puesto en marcha el Ejecutivo, adjudicará a las empresas proveedoras en el despliegue de 5G las categorías de riesgo alto, medio o bajo, pero de partida “no habrá restricciones apriorísticas” para ninguna empresa, aclaran desde el Gobierno en relación con un posible veto a Huawei como han hecho Estados Unidos y otros países después de las acusaciones de espionaje contra el fabricante chino.

“En España tenemos soberanía digital y no hacemos valoración de una decisión que pueda haber tomado Estados Unidos”, dicen las fuentes del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

Las empresas estarán encuadradas en un nivel u otro de riesgo dependiendo de cuestiones técnicas de su suministro de servicio y también por la estructura de su sociedad o por “posibles injerencias de un Gobierno extranjero en esa empresa”, indica el Ejecutivo.

Las empresas deberán presentar sus propios “perfiles de riesgo” y el Gobierno catalogará a las empresas por sus riesgos previo informe de Seguridad Nacional.