Así, entre enero y noviembre de este año se registraron 53.184 accidentes laborales en centros de trabajo frente a los 71.356 contabilizados en idéntico periodo de 2019. Todos los sectores de actividad económica registran fuertes

bajadas de la siniestralidad, encabezados por el de servicios (37.681 accidentes, -27,11%), construcción (8.988 accidentes, -20,18%), industria (6.299 accidentes, -22,46%) y agricultura (216 accidentes, -20,88%).

Según los partes de accidentes remitidos por las empresas de la región a la autoridad laboral, se incluyen 1.609 accidentes laborales relacionados con el Covid-19, todos ellos en el sector servicios. Respecto a los datos de noviembre, el descenso en el número total de accidentes en jornada laboral -leves, graves y mortales- alcanzó el 15,2% en comparación con ese mismo mes en 2019.

Además, se registraron cuatro accidentes mortales, tres de ellos en el centro de trabajo y uno en accidente in itinere -en trayectos a o desde el lugar de trabajo-, frente a los ocho accidentes mortales contabilizados en octubre de 2019, todos ellos en jornada laboral.

Según la Consejería de Economía, todos estos datos confirman a la Comunidad de Madrid como la región con el índice de incidencia de siniestralidad laboral más bajo de todas las comunidades autónomas, un 21,7% por debajo de la media nacional. Este índice de incidencia refleja el número de accidentes de trabajo en jornada laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados.

DISCAPACIDAD

La citada consejería recordó que la Comunidad de Madrid presentó el pasado viernes su plan para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de empleo 2020, un conjunto de 15 medidas orientadas a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo entre un colectivo vulnerable y que cuenta con mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

En este sentido, y a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), este plan contará con medidas como el refuerzo de la Inspección de Trabajo para vigilar que se cumple la cuota de reserva de

trabajadores con discapacidad, así como asesoramiento y subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo y las instalaciones. Y es que, todas las empresas de más 50 trabajadores, públicas o privadas, están obligadas por ley a contratar un mínimo de un 2% de trabajadores con discapacidad.