Así se pronunció la jefa de la diplomacia española en el debate ‘Derechos Humanos en América Latina: un balance tras la pandemia’, moderado por la secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Gallach, en Casa de América, que contó con la participación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de la directora general para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

En el debate ocupó un lugar destacado el avance de las vacunas para hacer frente a la pandemia del coronavirus y su distribución entre los distintos países, especialmente en los de renta media y en los subdesarrollados.

Sobre este particular, González Laya defendió el compromiso del Gobierno español para asegurar un “acceso equitativo” a la vacuna para todos los países, como se ha puesto de manifiesto en las distintas propuestas planteadas a mecanismos como la alianza de vacunación GAVI y en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

La ministra dijo que la discusión sobre las vacunas se está centrando en “los países muy ricos y en los países muy pobres”, pero, advirtió, se está dejando a un lado lo que pasará con los países de renta media, que son aquellos que tienen un “espacio fiscal más reducido”, en lo referido al acceso a este rudimento terapéutico.

Esta cuestión, indicó González Laya, debería incluirse en el orden del día de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en el Principado de Andorra los próximos días 21 y 22 de abril.

A este respecto, Erika Guevara indicó que el acceso a la vacunación debe ser tratado como una cuestión vinculada a los Derechos Humanos, ya que los países ricos y más desarrollados están copando la mayoría de las adquisiciones de las dosis en detrimento de los más desfavorecidos.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores explicó que la pandemia ha puesto de manifiesto el “agravamiento de la situación de los Derechos Humanos”, que “ya era difícil” antes de su estallido, especialmente en lo referido a la atención sanitaria y al acceso al agua, a una vivienda y a un salario digno.

Por ello, expuso la necesidad de que, “una vez parcheemos este momento de respuesta de emergencia, deberemos buscar soluciones transformadoras”, que no deben basarse en el sistema ni en las políticas imperantes antes de la pandemia.

Michelle Bachelet comentó que el virus “impacta fundamentalmente sobre los más vulnerables”, no sólo en los países subdesarrollados, sino en países de la importancia de EEUU y Reino Unido.

Esto le sirvió para incidir en que la pandemia “ha afectado desmesuradamente a las mujeres y en las niñas”, por lo que prescribió “invertir en protección social universal”, “redistribuir el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados”, “asegurar el acceso a la educación y a la educación sexual” de las mujeres y las niñas, “acabar con la brecha digital de género” y “garantizar el acceso de la mujer a la toma de decisiones”.

Erika Guevara insistió en la línea trazada por Bachelet al atestiguar que “el impacto de la pandemia ha sido brutal para las mujeres y las niñas”, como se evidencia en el que hecho de que las medidas impuestas por los distintos países para minimizar la propagación del virus obligaron a muchas de éstas a convivir con sus maltratadores.

Para ilustrar su aserto, recordó que Amnistía Internacional publicó recientemente un informe sobre México, uno de los países con mayor índice de “feminicidios”, en el que se denunciaba que el acceso a la justicia fue denegado durante meses para muchas mujeres víctimas de violencia de género debido a que las denuncias tenían que presentarse telemáticamente, a pesar de que éstas “no tienen acceso ni a un teléfono móvil”.

Por último, reconoció que “ha habido esfuerzos de gobiernos, pero insignificantes”, en comparación con la labor efectuada por colectivos feministas y ONG que defienden los derechos de las mujeres, como el surgimiento de comedores populares regentados por mujeres “que han suplantado el papel que los estados deberían tener para garantizar el derecho a la alimentación de su ciudadanía”, o “el impulso que las jóvenes en Argentina han dado para que el Congreso despenalice el aborto, algo que esperemos ratifique el Senado” de ese país.