Según informó este viernes el Instituto Armado, la operación se ha desarrollado en las provincias de Burgos, Murcia y Sevilla. Han sido detenidas 10 personas y se ha declarado como investigadas a otras cinco, entre ellas varios transportistas.

Se han realizado tres entradas y registros en los diferentes domicilios particulares de los detenidos en localidades de Burgos, Sevilla y Murcia, así como tres entradas y registros en talleres de vehículos industriales. Estos establecimientos colaboraban en la manipulación de los tacógrafos digitales, de forma que se les han intervenido numerosos efectos y documentación y gran cantidad de dinero en metálico, relacionados con los hechos investigado.

La operación policial se inició por una información de Europol, debido a que la organización que se sospechaba manipulaba los tacógrafos estaba ubicada en diferentes países europeos.

MANUPULACIÓN DEL PROGRAMA

La red desarticulada manipulaba el tacógrafo digital mediante la modificación del ‘software’, ofreciendo al transportista la posibilidad de conducir sin que le cuenten las horas de conducción, ni los kilómetros recorridos vulnerando la legislación comunitaria vigente. De esta forma, si eran parados en una inspección en carretera y trasladados a un centro técnico, al objeto de comprobar el tacógrafo, no se detectaba su manipulación.

Este tipo de aparatos se encuentran instalados en toda clase de vehículos que tienen un peso superior a 3.5 toneladas o que puedan transportar a 9 personas o más. Con este tipo de fraude, cuando los agentes realizan una inspección se obtiene como resultado la creación de un documento que induce a error sobre su autenticidad.

El dispositivo trucado refleja unos datos de registro absolutamente falsos y distintos de los reales, referentes a los tiempos de conducción, descanso, disponibilidad, otros trabajos, velocidad y distancia recorrida, con el consiguiente peligro para la seguridad vial, además de la competencia desleal para el resto del sector.

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero de este año y la instrucción de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, la manipulación de este tipo de aparatos tacógrafos se castiga como un delito de falsificación en documento oficial, además de la posibilidad de investigación de la empresa que los tiene instalados en sus vehículos, pudiendo ser investigados por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.