Según el presidente, “es necesario proponer nuevas vías y va a estar muy pendiente para que, a nadie, por ninguna razón, se le impida el pleno acceso al ejercicio regular de todos los derechos humanos en España, un país que cuenta con unos poderes públicos que entienden y comparten esta cultura, pero que todavía debe extender su campo de actuación en este sentido”.

Así lo manifestó en el marco del seminario de estudio y análisis para una propuesta de modificación normativa para otorgar efectividad en el derecho interno a las decisiones de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos.

En este encuentro virtual, que contó con la participación de expertas y expertos jurídicos, participó el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno Blanco, quien, por su parte, puso en valor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 7 de julio. Para él, esta nueva regulación está inspirada en el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y supone “un cambio de sistema”.

En cuanto a la aplicación del seguimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en España, el panel de expertos, encabezado por el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio-Luis Martínez Pujalte, concluyó en cierta "insatisfacción" con respecto a la penetración de tratados internacionales como la Convención de la ONU en nuestro ordenamiento jurídico, así como a la escasa implicación de los órganos jurídicos. Asimismo, coincidieron en la necesidad de una reforma normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la tutela judicial de los derechos fundamentales.

Por último, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, y la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, subrayaron el compromiso “firme” del Cermi en la reivindicación de los derechos humanos, al tiempo que llamaron la atención sobre la obligación de los Estados para hacerlos cumplir.