Este extenso decálogo, coordinado por la conocida abogada laboralista y actual vicepresidenta de la Plataforma de Voluntariado de España, Francisca Sauquillo, recoge aportaciones de multitud de académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias ONG, instituciones gubernamentales o periodistas.

Para la presidenta de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la pandemia “ha sacudido fuertemente el tablero sobre el que las sociedades tenemos organizada nuestra vida cotidiana e incluso nuestra convivencia”, lo que hace necesario “alabar a la ciencia y a la investigación” y “pedir que no se ignoren sus advertencias”.

Entre las advertencias y reflexiones recogidas en el decálogo se encuentran las del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, quien centra sus aportaciones en la defensa del colectivo de personas con discapacidad, uno de los más azotados junto a los mayores.

“La mayor exposición objetiva de las personas con discapacidad a la vulneración y desamparo de sus derechos en situaciones críticas como las emergencias y las catástrofes exige una respuesta enérgica del ordenamiento jurídico, a través de la adopción de una legislación vigorosa de protección integral ante estas situaciones de la que hoy España carece”, alerta Pérez Bueno.

A su juicio, es preciso asegurar en la legislación “la garantía absoluta de no discriminación en el acceso a servicios vitales como la salud y la asistencia sanitaria” sin triajes, así como “la obligatoriedad de incorporar la accesibilidad universal en todas mensajes y comunicaciones de los poderes y autoridades surgidos con ocasión de la emergencia o catástrofe”.

También se hace necesario, señala el presidente del Cermi, “asegurar el acompañamiento y asistencia” de las personas con discapacidad, así como su acceso a “suministros básicos”, sobre todo para aquellas personas que tengan mermada su autonomía personal.

MAYORES

Sobre las personas mayores escriben en este decálogo Carlos María Romeo Casabona y José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad Abogacía.

En sus aportaciones destacan las “situaciones de abandono y aislamiento” o la “privación de asistencia sanitaria intensiva” que han sufrido los mayores en España durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, pese a que estas personas “gozan de todos los derechos que en cuanto tales les corresponden”, por lo que “debe reivindicarse el respeto efectivo de todos ellos, en particular de aquellos que en el contexto de una pandemia pueden ser más relevantes y exigibles”.

Sobre los medicamentos y vacunas realiza aportaciones en este decálogo el profesor José Vida Fernández, experto en derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En este sentido, este académico subraya que “la autorización de los medicamentos debe ser una garantía y no un obstáculo, por lo que se debe asegurar tanto su seguridad y calidad como la celeridad en el acceso”.

También defiende centralizar las autorizaciones de medicamentos y vacunas para frenar la pandemia en la Agencia Europea del Medicamento, reforzando la participación de los países europeos y “sin perjuicio de que se pueda derivar a estos a través del procedimiento descentralizado cuando sea necesario”.

Además, apuesta por la universalización de la vacuna y el acceso a fármacos, pues “la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios garantiza el derecho de acceso a todas las personas sin discriminación”.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

La periodista Soledad Gallego-Díaz también participa en el documento y se centra en la libertad de expresión e información durante la pandemia. En sus aportaciones, la ex directora del periódico 'El País' alerta de la “manipulación” de la información “como consecuencia del desarrollo de los servicios de Internet y la existencia de las llamadas plataformas online”.

A su juicio, “se registra un nuevo fenómeno de difusión de noticias intencionadamente falsas y opiniones cuyo único fin es la manipulación”, algo que en un contexto de crisis global “afecta al funcionamiento de las democracias” y “está provocando, como reacción, un debate sobre control de la libertad de expresión”.

Sin embargo, alerta de que “los riesgos de regular la libertad de expresión alegando la protección de la sociedad frente a la mentira y la manipulación son mucho mayores que los propios peligros que afrontan esas sociedades debido a las ‘fake news’”.

Según Gallego-Díaz, “bastará con que se aliente la transparencia informativa y se disponga de los instrumentos tecnológicos adecuados, capaces de frenar en seco los gigantescos ataques malintencionados”, por lo que aboga por “dejar la libertad de expresión como está: protegida”.

Y así con otros tantos ámbitos que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, este decálogo pretende llevar a la reflexión y, según la Fundación Abogacía Española, “ofrecer a las autoridades públicas una carta de navegación dentro de esas coordenadas”.