La Sala concluye que el cambio de nombre está “suficientemente motivado”, y que se ajusta a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Igualmente, prosigue, tiene una motivación más amplia y “no se aprecia en dicha motivación la vulneración de precepto legal alguno”.

De esta forma se rechaza el recurso presentado por un concejal del Ayuntamiento de Guadiana, quien solicitaba la revocación de la decisión de la Junta de aprobar el cambio de nombre de Guadiana, eliminando 'del Caudillo'.

La Sala condena a la parte actora al pago de las costas procesales por todos los conceptos hasta un máximo de mil euros, IVA incluido. Contra la sentencia sólo cabe recurso de casación ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.