Así lo aseguraron este martes desde IU, recordando que el Supremo decidió reactivar las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado.

La querella va dirigida contra Juan Carlos de Borbón, su antigua amiga Corinna Larsen, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, el abogado suizo Dante Canónica y el supuesto testaferro de don Juan Carlos, Álvaro Orleans Borbón.

El texto original que registraron el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda les vincula con 13 delitos, siete de ellos cometidos presuntamente por el Rey Emérito: cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Los querellante argumentan, entre otras razones, que “existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado Juan Carlos de Borbón”, por lo que “procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”. Alegan que ya no es válido el argumento empleado por el Supremo hace un año de que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.